Colectivos civiles advierten que el registro de tres feminicidios en 11 días evidencia el fracaso de las estrategias oficiales y las alertas vigentes en el municipio. Además activistas reprochan que la incorporación a la «Estrategia ALE» carece de fondos municipales, dejando sin herramientas de protección a las víctimas de violencia.
La escalada de violencia de género en este destino turístico generó una enérgica reacción por parte de las organizaciones civiles, las cuales denuncian un estado de desprotección institucional para la población femenina. La Colectiva 50+1 Puerto Vallarta emitió un pronunciamiento de urgencia dirigido a la presidencia municipal, al Gobierno de Jalisco y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), tras confirmarse la comisión de tres feminicidios en esta ciudad turística en un lapso de apenas 11 días.
Los registros documentados por la organización civil detallan que las agresiones mortales se perpetraron de forma secuencial los días 10, 15 y 21 de mayo de 2026. La gravedad del panorama se acentúa debido a que las víctimas correspondientes a los dos primeros crímenes permanecen bajo resguardo de las autoridades en calidad de desconocidas, al no haberse presentado familiares a realizar la identificación oficial de los cuerpos.
El colectivo cuestionó severamente la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en el municipio, poniendo bajo la lupa la reciente adhesión del Ayuntamiento al esquema estatal denominado “Estrategia ALE”. De acuerdo con los señalamientos de las activistas, existe una profunda preocupación debido a que la administración local no contempla la asignación de recursos económicos propios para el financiamiento operativo de dicho programa, delegando la responsabilidad financiera y limitando el alcance real de la protección a mujeres y niñas.
Ante la vigencia de dos alertas de género en Puerto Vallarta, la colectiva acusó formalmente al gobierno municipal de incurrir en conductas omisas para estructurar estrategias preventivas y de atención integral. Asimismo, evidenciaron que el Instituto Municipal de la Mujer opera con una marcada asfixia financiera que anula su capacidad para desplegar proyectos de resguardo, por lo que exigieron la entrega de informes sobre la coordinación interinstitucional, la transparencia en las mesas de alerta de género y el diseño inmediato de políticas públicas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia.
Fuente: Agencia Jafríco | © Redacción NoticiasPV
