Documentos hallados tras la muerte de «El Mencho» confirman que las «maquinitas» generan ingresos millonarios, facilitan el lavado de dinero y sirven como centros de reclutamiento de jóvenes.
La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo desarticuló la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que expuso la rentabilidad de sus negocios paralelos. Entre los hallazgos contables en su refugio de Tapalpa, destaca que la organización obtuvo medio millón de pesos en solo un mes a través de máquinas tragamonedas, una actividad que se ha convertido en la «caja chica» de los cárteles en México.
Un negocio de control territorial
La operación de estos dispositivos, prohibidos por la Ley Federal de Juegos y Sorteos desde 2023, va más allá del azar. Grupos como el CJNG, Los Chapitos y Los Viagras utilizan las máquinas instaladas en farmacias, tiendas de abarrotes y papelerías para fortalecer sus finanzas y, sobre todo, para establecer puntos de narcomenudeo y reclutamiento. En Nayarit, operativos recientes de la Marina en municipios como Bahía de Banderas y Compostela confirmaron que estos locales son usados para captar adolescentes.
Las 6 razones de la apuesta criminal
El avance de este negocio ilegal responde a factores estratégicos que las autoridades han comenzado a documentar:
Efectivo rastreable: Generan flujo de dinero diario difícil de fiscalizar.
Lavado de dinero: Permiten mezclar recursos ilícitos con ingresos aparentemente legales.
Puntos de venta: Funcionan como fachadas para la distribución de droga al menudeo.
Extorsión: Los comerciantes son obligados a instalar los aparatos bajo amenaza.
Bajo riesgo: La inversión por máquina es mínima (desde 2 mil pesos) y la exposición policial es menor que en el tráfico de fentanilo.
Vigilancia: Sirven como puntos de observación para «halcones» que monitorean movimientos de rivales y autoridades.
El impacto en Jalisco y estados vecinos
En Michoacán, el gobierno estatal reporta el decomiso de más de 3,400 aparatos que generaban cerca de 10 millones de pesos mensuales a la delincuencia. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus ha impulsado convenios para retirar estas máquinas de los municipios, advirtiendo que son una fuente de financiamiento crítica para el crimen organizado.
Mientras tanto, en Sinaloa, la disputa por el control de estas «jugadas» ha recrudecido la violencia entre facciones rivales. Pese a la prohibición legal, se estima que en el país el negocio de las tragamonedas podría generar hasta 600 millones de pesos semanales, fomentando además problemas sociales como la ludopatía y la corrupción de menores.
Fuente: El Universal / Agencias | © Redacción NoticiasPV
