Claudia Sheinbaum Pardo confirmó las alertas de detención internacional emitidas por la Interpol contra ocho funcionarios; aclaró que la federación no cuenta con mandatos de custodia forzada interna, aunque la fiscalía avanza con carpetas locales.
Los esquemas de control fronterizo y cooperación jurídica internacional absorbieron la atención de los mandos ejecutivos del país. Durante el desarrollo de su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó de manera formal que las agencias de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) mantienen vigentes notificaciones de búsqueda y localización conocidas como «fichas rojas» en contra de ocho servidores y exservidores públicos del estado de Sinaloa.
Los pliegos de localización transnacional derivan directamente de las órdenes de aprehensión y los expedientes procesales promovidos a finales de abril por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se acusa a un grupo de diez políticos y jefes policiales del noroeste de cooperar con organizaciones de narcotráfico. La jefa del Ejecutivo Federal pormenorizó que dichos instrumentos de control migratorio facultan e instruyen a corporaciones de terceros países para efectuar arrestos inmediatos en caso de que los señalados opten por abandonar el territorio nacional mexicano.
La mandataria federal especificó ante cuestionamientos de los medios de comunicación que no existen disposiciones o normas en el marco jurídico mexicano que fuercen o mandaten a la presidencia a implementar guardias, arraigos domiciliarios o medidas restrictivas extraordinarias sobre los ocho sospechosos libres. De forma paralela, ratificó que la Fiscalía General de la República (FGR) desahoga líneas de investigación locales independientes sobre la red institucional de protección delictiva, rechazando de forma categórica que existan intenciones o maniobras estatales encaminadas al encubrimiento político de los cuadros partidistas.
El reporte gubernamental puntualizó que, del bloque original de imputados, los exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, respectivamente, se entregaron por iniciativa propia ante los tribunales de Nueva York, descartando solicitudes de auxilio o asistencia ante el servicio consular mexicano. Respecto a la ubicación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta comunicó que se resguarda de forma ordinaria en su propiedad privada, contando con un perímetro de protección a cargo de la Guardia Nacional tras desahogarse una solicitud formal y una evaluación técnica de riesgos.
Fuente: Presidencia de la República y FGR | © Redacción NoticiasPV
