La mandataria federal Sheinbaum explicó que durante sus recorridos por la entidad la población la abordó para alertar sobre nexos delictivos de funcionarios; los datos fueron turnados a la SSPC para abrir las carpetas que derivaron en la Operación Enjambre.
Los mecanismos de recolección de inteligencia que dieron origen a los recientes golpes contra estructuras políticas vinculadas al narcotráfico tuvieron una raíz civil. Durante su comparecencia matutina ante los medios de comunicación, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que las órdenes de aprehensión ejecutadas contra mandatarios municipales y mandos operativos en el estado de Morelos se derivaron directamente de acusaciones y alertas confidenciales que la propia ciudadanía le entregó de mano propia durante sus pasadas giras de trabajo por la entidad.
La titular del Ejecutivo Federal precisó que su administración no sostiene una estrategia generalizada de fiscalización o persecución política en contra de los ayuntamientos, sino que actúa de forma reactiva ante el clamor comunitario. Explicó que al ser abordada por los pobladores de la zona oriente de Morelos, quienes manifestaron su rechazo por el entorno de inseguridad y las conductas de sus gobernantes, procedió a canalizar la información con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuyo equipo se encargó de contactar a los afectados para formalizar las denuncias e iniciar meses de seguimiento pericial junto a la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta vía de colaboración social culminó con el aseguramiento de figuras de alto perfil regional, enlistando al alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala. De igual manera, el expediente ministerial integró las detenciones de cuadros clave de la administración de Cuautla, tales como Horacio Zavaleta, secretario municipal; Pablo Adrián Portillo, oficial mayor; Jonathan Espinoza, tesorero de la demarcación; así como de Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan, todos procesados bajo la presunción de nexos criminales.
La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que este procedimiento de atención directa ya ha generado resultados de alto impacto en otras entidades federativas. Evocó el caso del exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro —capturado el pasado mes de febrero por acusaciones de secuestro y extorsión en contubernio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, cuya investigación federal también se originó a partir de testimonios y expedientes que un bloque de empresarios y ciudadanos de la región tequilera entregaron de forma directa a la presidencia para solicitar el auxilio de las fuerzas armadas.
Fuente: Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV
