El movimiento «Batalla por la Playa» expuso la persecución judicial orquestada por el Gobierno de Nayarit para favorecer los desarrollos inmobiliarios de Grupo Dine.
La comunidad de Punta de Mita enfrenta una severa ola de represión institucional y persecución penal tras emprender la defensa de playa Las Cocinas, considerada la última franja costera libre y virgen de la península. Efraín López, vocero del movimiento ciudadano «Batalla por la Playa», denunció que el Gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, ha utilizado el aparato de justicia para criminalizar a ocho habitantes de la localidad, fabricándoles delitos de alto impacto como asociación delictuosa, amenazas y daños a la propiedad tras las protestas pacíficas del pasado 27 de abril de 2026.
Lo anterior se desprende del amplio reportaje hecho por el medio Infobae donde expone la realidad que vivieron y viven hoy en día, que vivieron los activistas que se atrevieron a desafiar los intereses económicos del gobierno de Miguel Ángel Quintero Navarro, calificado por la población como uno de los peores gobernadores de Nayarit, seguido de Roberto Sandoval, quien está preso por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El conflicto socioambiental detonó cuando la desarrolladora Cantiles de Mita —filial de Grupo Dine— reanudó la construcción de una escollera con rocas de gran escala, invadiendo los 20 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFAMAT) protegidos por la legislación mexicana. Esta polémica obra ha provocado el ecocidio de manglares y vegetación endémica, además de ahuyentar a especies prioritarias como la tortuga laúd, la cual utiliza de forma histórica este paraje natural como zona de anidación. Los activistas evidenciaron que la constructora pretende justificar las maniobras con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del año 2009, carente de total vigencia.
La resistencia comunitaria civil ha sido contenida de forma violenta con un despliegue de más de 200 elementos de la Policía Estatal. El comité ciudadano denunció tácticas ilegales por parte de las corporaciones estatales, incluyendo el arresto arbitrario de tres manifestantes en zona federal, quienes fueron retenidos como presuntos rehenes para coaccionar a los pobladores en mesas de negociación donde el Ejecutivo estatal pretendía forzarlos a ceder hasta la mitad del litoral público. Los defensores del territorio exigen la intervención directa de la Semarnat y de la presidencia de la República, advirtiendo que no claudicarán hasta que un juez federal concrete el desistimiento absoluto de la acción penal.
Fuente: Efraín López, vocero de Batalla por la Playa | © Redacción NoticiasPV
