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Cifras del Coneval contrastan con los “triunfalismos” de Peña sobre la pobreza: ONG

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lejos del triunfalismo ostentado por el gobierno federal, el informe más reciente del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) retrató un México en el que 62 millones de personas no reciben un ingreso suficiente para sobrevivir, y cuya población indígena sufre niveles de exclusión intolerables.

Las organizaciones integrantes de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza subrayaron que, si bien el informe de medición de la pobreza 2016 del Coneval planteó una reducción de la pobreza extrema en el país entre 2014 y 2016, en realidad 21 millones de mexicanos no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta mínima de alimentos.

El 94% de la población indígena del país sufre de por lo menos una carencia social o de ingreso, las tres cuartas partes viven en pobreza y cuatro de cada diez no reciben lo suficiente para comprar lo más básico.

Ante estos números, “las declaraciones triunfalistas del presidente y de varios secretarios del gobierno federal carecen de sustento y parecen más bien actos de precampaña electoral”, deploró el colectivo.

Si el gobierno federal quisiera enfrentar el reto de la pobreza, añadió, debería “erradicar” la política de contención del salario mínimo –la cual, además, viola la constitución–, incrementar los recursos para mejorar los ingresos de los pequeños productores, y “minimizar el espacio para el clientelismo, el uso electoral y la corrupción en el presupuesto”.

De acuerdo con las organizaciones, el informe del Coneval reportó una mejora en el acceso a los servicios de educación y de salud para la población más pobre.

Sin embargo, recordaron que, en materia educativa, la mejora se explica en parte porque las encuestas consideran a los niños menores de 6 años que asisten a guarderías como “educación preescolar”, y que las cifras de salud repuntaron por la incorporación masiva de personas al Seguro Popular, el cual “no garantiza su acceso efectivo a los servicios”.

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