El titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, argumentó que el memorándum de entendimiento suscrito por la gobernadora Maru Campos con el gobierno texano respeta la soberanía y surgió para frenar pérdidas millonarias en las exportaciones.
Los esquemas de cooperación bilateral en las franjas fronterizas del norte del país continúan bajo evaluación pública y constitucional. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, defendió la vigencia y legalidad del memorándum de entendimiento que firmó la gobernadora María Eugenia Campos Galván con el mandatario de Texas, Greg Abbott, rechazando que las cláusulas del documento vulneren las facultades federales en materia de política exterior.
El funcionario estatal precisó que el acuerdo, signado originalmente en el año 2022, se pactó como una salida institucional ante la crisis económica derivada de las segundas revisiones fiscales que impuso el gobierno texano a los transportes de carga mexicanos, una disposición unilateral que llegó a paralizar el 25 por ciento de los vehículos comerciales y provocó pérdidas millonarias a la industria manufacturera y de exportación radicada en Ciudad Juárez.
De acuerdo con las precisiones operativas de la dependencia, el documento contempla el intercambio técnico de datos mediante la infraestructura de la Plataforma Centinela para el rastreo de flotillas comerciales desde los parques industriales hasta las aduanas, además del despliegue de aeronaves no tripuladas y filtros biométricos automatizados. Loya Chávez enfatizó que estos mecanismos tecnológicos se aplican estrictamente dentro de los límites territoriales de Chihuahua, por lo que descartó de forma categórica que agentes extranjeros operen los sistemas locales o que la policía estatal realice funciones migratorias reservadas a la federación.
El debate en torno a los convenios fronterizos se intensificó tras los informes que revelaron la presunta intervención de agencias de inteligencia norteamericanas en la localización de un laboratorio de narcóticos en el municipio de Morelos, un evento que no fue notificado formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Pese a los cuestionamientos de las instancias federales por la aparente omisión de los canales diplomáticos, la administración chihuahuense sostuvo que la vecindad geográfica obliga a mantener canales técnicos de coordinación para abatir los índices de tráfico de sustancias y personas.
Fuente: SRE | © Redacción NoticiasPV