La ausencia de un padrón actualizado y de supervisión efectiva permite que anexos envíen a internos a solicitar dinero en la vía pública durante temporadas de alta afluencia.
En Puerto Vallarta ha comenzado a generar inquietud la presencia recurrente de jóvenes pertenecientes a centros de rehabilitación que recurren al boteo en cruceros y avenidas principales para recaudar fondos.
Sin embargo, detrás de esta práctica se vislumbra una aparente falta de control y de un padrón oficial actualizado por parte de las autoridades competentes, lo que impide verificar si estos establecimientos operan bajo la normativa sanitaria y de derechos humanos requerida para la atención de adicciones.
Esta falta de supervisión puntual resulta más evidente en ciertas épocas del año, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística, cuando se intensifica el despliegue de internos en las calles de la ciudad.
Al no existir un seguimiento formal sobre las condiciones en las que operan estos recintos, se desconoce si los recursos recolectados realmente se destinan al tratamiento y alimentación de los jóvenes, o si estos son sometidos a jornadas de recaudación sin las garantías básicas para su bienestar.
Ante esta situación, diversos sectores de la población señalan la necesidad urgente de que las dependencias de salud y regulación municipal intervengan para padronar, auditar y certificar a todos los anexos que operan en la demarcación.
Un padrón transparente y un control riguroso permitirían regularizar la actividad de las instituciones legítimas, erradicar la explotación de los internos en la vía pública y garantizar que la rehabilitación en el municipio se expida bajo esquemas éticos e integrales.