La reforma tipifica esta práctica como un delito autónomo en el Código Penal estatal y establece protocolos de atención a víctimas para la reinserción social.
El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma legal que tipifica como delito autónomo el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de agrupaciones del crimen organizado. El nuevo marco normativo adiciona el artículo 274 Bis F al Código Penal estatal y modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fijando sanciones que van de los 10 a los 30 años de cárcel.
La legislación sancionará de manera independiente a quien incorpore, enliste o capte por cualquier medio a menores de 18 años para cometer conductas delictivas, sin perjuicio de otros delitos imputables a los responsables. La pena base establece de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta mil 600 días de UMA, pero el castigo se incrementará hasta en un 50 por ciento cuando existan condicionantes de agravante.
Entre las circunstancias agravantes contempladas por los legisladores destacan la relación de parentesco, tutoría o custodia sobre la víctima; el uso de violencia física o psicológica; el abuso de autoridad por parte de servidores públicos, y la explotación de condiciones de vulnerabilidad extrema, tales como orfandad, situación de calle, migración, desplazamiento forzado o discapacidad.
Adicionalmente, el paquete de reformas cambia el enfoque jurídico de los menores afectados, reconociéndolos formalmente como víctimas de delito y no como infractores. Por ello, se estableció un mandato para que las autoridades estatales y municipales diseñen e implementen en un plazo de 90 días naturales protocolos especializados de protección integral, atención psicológica, rescate y justicia restaurativa en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por las fracciones parlamentarias de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), colocó a Sinaloa dentro del catálogo de entidades federativas que sancionan este fenómeno como un tipo penal específico. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Fuente: Congreso del Estado de Sinaloa | © Redacción NoticiasPV
