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SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- La empleada estatal María de Jesús Almendarez Prieto decidió encadenarse a un sillón de la Oficialía Mayor del estado, donde permanece desde el 16 de mayo harta de estar arrinconada en el archivo de la Secretaría de Cultura, de la persecución y hostigamiento laboral en su contra y de ser ignorada hasta por el gobernador Juan Manuel Carreras López.
Así se le ha hecho pagar el haber denunciado a un protegido del poderoso Sindicato Único de Trabajadores del Estado, cuando la acosó sexualmente en el trabajo.
Con 24 años laborando en el gobierno estatal, María de Jesús desempeñaba labores administrativas contables en el área de Ingresos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), donde en el 2013 comenzó a sufrir el acoso sexual de Juan Martín Gatica Izaguirre, compañero y delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Estado (SUSTGE) que encabeza la lideresa Bernardina Lara Argüelles
Durante casi un año, ella rechazó reiteradamente los acercamientos de Gatica, que primero fueron palabras y después tocamientos sin su consentimiento. Después de que ella externaba su molestia y se defendía de esos acercamientos, él le mandaba ramos de flores con mensajes en tarjetas.
Por fin, en el 2014 decidió interponer una denuncia penal por acoso y abuso sexual contra el delegado sindical, sin imaginar siquiera lo que eso desataría en su contra.
“Me han traído como maceta en corredor. Tras denunciar, me sacan de mi dependencia como si yo fuera la culpable, y las instituciones que me deben de apoyar, como el Instituto de las Mujeres del estado o el Centro Estatal de Atención a Víctimas, son omisas y por el contrario, me han discriminado”, dice en entrevista telefónica con Apro desde la sala de la Oficialía Mayor en el edificio de Guerrero 883, donde permanece en un sillón, rodeada por una cadena, acompañada por miembros de su familia.
El Oficial Mayor del gobierno estatal, Elías Pesina Rodríguez, prefirió regresar a despachar a su antigua oficina en Guerrero 800, que toparse todos los días con la trabajadora estatal encadenada.
Y de igual manera, en los últimos cuatro años Marichuy ha sido cambiada de dependencia en dependencia, mientras ella ha sostenido la lucha legal para que su acosador sea castigado. Primero, por parte de los titulares de la Seduvop donde originalmente desempeñaba sus labores, Gerardo Ferretiz González y Juana Macrina Martínez Pozos, al final del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, quienes la reubicaron al Instituto de las Mujeres, mientras Juan Martín Gatica era simplemente removido al Congreso del estado.
Pero en el Instituto de las Mujeres las cosas no mejoraron para ella. La dependencia entró a un proceso de certificación de la norma NMX-R-025-SCFI/2015, mismo que incluyó entre los requisitos una serie de entrevistas de una consultora al personal. Debido al antecedente por el que llegó a esa institución, Marichuy fue excluida para que la certificación continuara sin problemas. El 30 de agosto, ella presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación, en contra de la titular del instituto, Erika Velázquez Gutiérrez.
La queja fue admitida el 5 de septiembre y ello significó la suspensión del proceso de certificación del Instituto de las Mujeres, algo que también se le hizo pagar caro a Marichuy, pues en ese lapso se dio el cambio de gobierno y en cuanto Juan Manuel Carreras López tomó posesión, la titular del Instituto de las Mujeres dio por terminada la comisión laboral de la empleada y pidió su cambio a otra dependencia.
“Sin ser requerida y sin mi consentimiento, el Oficial Mayor Elías Pecina me entregó un oficio de comisión para la Secretaría de Educación, donde no me recibieron y me vi obligada a esperar una nueva comisión de parte de quien parece actuar como verdugo, antes que conciliador de las situaciones laborales”, señaló la mujer en un escrito enviado a Apro.
Viacrucis burocrático
Todavía antes de eso intentó ser escuchada por el gobernador Juan Manuel Carreras, al que le envió tres cartas en las que detalla su situación y le pide ayuda, y fue recibida por Lorena Valle, esposa del gobernador y presidenta del DIF.
“Me recibió una semana después del 8 de marzo porque me fui a protestar ante el gobernador a Palacio. Y me dijo que nadie estaba por encima de Bernardina Lara –la secretaria del Sindicato de burócratas-; que nada más habían sido unos tocamientos, que le diera vuelta a la página”, narró la empleada.
También acudió a la Ciudad de México, donde se entrevistó con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, que dispuso solicitar al gobierno estatal varias medidas precautorias que no se acataron.
También se reunió con la titular de la Comisión para prevenir la violencia contra las mujeres (Conavim) Alejandra Negrete. Ésta remitió también peticiones al gobierno estatal, “y quisieron arreglar todo, pero intervino el sindicato y lo paró”, asegura Marichuy.
Su última comisión llegó con destino a la Secretaría de Cultura, inicialmente al área de Control presupuestal –dado el perfil de la empleada-. Pero en lugar de eso, debido a una visita de la Comisión de Derechos Humanos para verificar las condiciones de trabajo de Marichuy donde la encontraron en una silla y sin más, el coordinador administrativo de Cultura la cambió al Archivo descentralizado.
Allí estaba Marichuy cosiendo expedientes en un sótano, sin una llave para abrir el baño, hasta el 16 de mayo, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación de su caso. Entonces decidió que ya no podía más y se instaló en la antesala del Oficial Mayor, encadenada.
A la espera de la reinstalación
Este miércoles 7 de junio se vence el plazo determinado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (recomendación 03/2016) para que Marichuy sea reinstalada en su antiguo lugar de trabajo en la Seduvop. Personal de la CEDH ha acudido a verificar su condición. Pero alguien le advirtió ya que el gobierno de Carreras no la va a regresar a su lugar.
“Estoy aquí por la ausencia de justicia. He seguido todo el camino, he denunciado en lo penal, he acudido a las instituciones porque quiero hacer las cosas bien y no puedo. Todo lo tengo documentado y tan así que hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos al gobierno para reinstalarme, que no quiere cumplir”.
Marichuy dice que está defendiendo su derecho a un trabajo digno y a una estabilidad laboral, pero para ello se ha tenido que enfrentar con el sindicato oficial y con el gobierno. “Y aquí el sindicato mayoritario es el que manda, no el gobernador”, lamentó.
A su acosador, reclama, “no le han tocado ni un pelo”. El proceso penal continúa y Gatica buscó el amparo, aunque debe acudir al penal de La Pila a firmar regularmente.
“A mí nada más falta que me metan a la cárcel. A una le dicen que denuncie, las instituciones nos empoderan y después nos dejan solas”, lamenta.
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