Caso Ayotzinapa: Es detenido otro militar implicado en la desaparición de los 43 normalistas

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Miguel “N”, Sargento Segundo retirado del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue arrestado recientemente por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Muñoz Pilo enfrenta acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada, según informaron fuentes del gabinete de seguridad. El sargento retirado está actualmente detenido en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La detención del ex militar fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, residente en Toluca, Estado México, había emitido órdenes de captura para 16 oficiales y soldados de los Batallones 27 y 41 de Iguala por cargos que incluían desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.

Padres de los normalistas (México). Fotografía de archivo. EFE/José Luis de la Cruz

Entre los detenidos estaba el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien obtuvo libertad provisional después de algunos meses. Otros militares como Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz también fueron arrestados pero consiguieron libertad provisional en la primera semana de mayo, después de que la juez cambiara la prisión preventiva.

El caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha sido un tema de gran preocupación tanto para la sociedad mexicana como para la comunidad internacional, llevando a un seguimiento continuo de las investigaciones y procesos judiciales. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron presuntamente secuestrados por el grupo criminal “Guerreros Unidos”.

El 9 de mayo, una jueza federal ordenó la libertad provisional para ocho elementos de las Fuerzas Armadas implicados en los casos de desaparición forzada y delincuencia organizada en relación con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los militares deberán pagar una garantía económica de 100 mil pesos, informó el diario Reforma.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), adelantó a Aristegui Noticias que durante una audiencia que se prolongó hasta la madrugada del pasado jueves, se discutió la solicitud de los ocho militares para cambiar su medida cautelar permitiéndoles enfrentar el proceso desde sus hogares.

Familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestan en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

El Prodh acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de litigar en defensa de los militares presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes, argumentando que el poder militar sin contrapesos afecta el esclarecimiento de los hechos. En un comunicado, el Prodh expresó: “Con criterio parcial y sesgado, juzgado federal concede cambio de medida cautelar a 8 militares acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa. Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados, lo que se suma a su resistencia a entregar todos los documentos de sus archivos. Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”.

La decisión de liberar a los militares ha generado diversas reacciones y críticas, principalmente por parte de organizaciones de derechos humanos que ven esta medida como un obstáculo en la búsqueda de justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La polémica sobre el papel de la Sedena en el caso de Ayotzinapa resalta la tensión entre autoridades civiles y militares en México, especialmente en investigaciones sensibles que involucran denuncias de violaciones a los derechos humanos.