Las fuerzas federales cayeron con todo sobre las administraciones de Puebla; los ediles enfrentan graves imputaciones por secuestro, extorsión, narco, robo de carga y abuso sexual.
Un demoledor operativo del Gobierno Federal desnudó la profunda infiltración de la delincuencia organizada en los municipios del estado de Puebla, donde siete presidentes municipales en funciones han sido capturados y encarcelados entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Las pesquisas oficiales exhiben el colapso institucional de los gobiernos locales, salpicando directamente a cuatro alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) y a tres de Morena, cuyos gabinetes operaban al servicio del crimen en las regiones del oriente y la Sierra Norte.
El golpe más reciente del «Operativo Enjambre», coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), aplastó a la administración municipal de Esperanza en las primeras horas del 8 de septiembre de 2026. En la acción cayó el alcalde morenista Isaac Rodríguez Ochoa junto con su hermano Manuel y la exdirectora de Seguridad Pública local, Abigail «N». La red delictiva operaba como una célula violenta dedicada al secuestro, extorsión y asalto sistemático a transportistas en la autopista Puebla-Veracruz. Durante el cateo masivo, las fuerzas armadas incautaron un arsenal de guerra integrado por 35 armas de fuego —incluidos dos fusiles de alto poder Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos con blindajes artesanales y de fábrica, una torreta, ropa táctica, drones e inhibidores de señal telefónica, por lo que el edil fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México bajo cargos federales.
La caída del munícipe de Esperanza se suma al arresto efectuado el 4 de septiembre contra Said de Jesús Godos Luna, edil de Tepeyahualco emanado de Movimiento Ciudadano, imputado por abuso de autoridad, cohecho, robo de transporte con violencia y secuestro exprés. Semanas atrás, el 17 de agosto de 2026, la fiscalía estatal aprehendió y encarceló a Juan Pérez Moral, alias «El Mantecas», alcalde de San Juan Tianguismanalco abanderado por Morena, procesado penalmente por el delito de violación cometido en perjuicio de una trabajadora del propio Ayuntamiento.
La lista de servidores públicos caídos bajo la acción de la justicia incluye a Gerardo Cortés Caballero, edil con licencia de Cuautempan por Morena, quien fue localizado y capturado en Tlaxcala el 4 de febrero de 2026 tras nueve meses en calidad de prófugo por secuestro, extorsión, delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y portación de armas. Asimismo, la justicia alcanzó a la dinastía de los hermanos González Vieyra, postulados por Movimiento Ciudadano: Uruviel González Vieyra (alcalde de Chalchicomula de Sesma) y Giovanni González Vieyra (alcalde de Tlachichuca), detenidos el 7 de marzo de 2025 por armas del Ejército, lavado de dinero, asociación delictuosa y abuso de autoridad; mientras que el tercer hermano, Ramiro González Vieyra, edil de San Nicolás Buenos Aires, fue arrestado el 29 de mayo de 2025 acusado de cohecho y delitos contra la salud.
La penetración delictiva destrozó de igual forma los mandos policiales. De manera paralela, la SSPC y la FGE detuvieron a los directores de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, acusados formalmente de brindar protección institucional a narcolaboratorios. En tanto, el titular de la policía en Atlixco fue procesado por extorsión. Con siete ediles encarcelados de ambas fuerzas políticas y uno más prófugo de la justicia —Alfredo Ramírez Hernández, alias «La Yerba», edil de Ahuazotepec—, Puebla se ubica como el foco rojo nacional de narcopolítica municipal golpeado por la federación.
Fuente: SSPC – FGE Puebla | © Redacción NoticiasPV
