La bancada panista en la Cámara de Diputados impulsó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el coordinador Elías Lixa fijó el proyecto como prioridad legislativa y colocó los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro del debate sobre la impunidad.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó formalmente una iniciativa de ley encaminada a endurecer de manera drástica el marco normativo contra los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado que establezcan nexos, pactos o esquemas de colaboración con el crimen organizado. La propuesta plantea establecer sanciones corporales que van de los 80 a los 140 años de prisión, multas económicas de hasta 24 mil días y la imprescriptibilidad de los delitos asociados a la corrupción delictiva institucional.
El proyecto de reforma, ingresado al pleno por el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez y suscrito por el grupo parlamentario, contempla modificaciones sustanciales al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La norma busca penalizar con la máxima severidad a aquellos titulares, mandos y personal operativo de administraciones públicas, fiscalías, poderes legislativos, judiciales y corporaciones de seguridad que utilicen la infraestructura del Estado para proteger, encubrir, facilitar operaciones financieras o beneficiar a células delictivas, así como a quienes intervengan indebidamente en procesos electorales con respaldo del narcotráfico.
Durante el anuncio de la iniciativa, el coordinador de la bancada blanquiazul, Elías Lixa, aseveró que este dictamen constituirá la máxima prioridad de la agenda legislativa de su partido durante el presente periodo ordinario de sesiones. Lixa enfatizó que el propósito central de elevar las penas hasta los 140 años de cárcel es garantizar que los funcionarios hallados culpables no obtengan beneficios preliberatorios ni vuelvan a pisar la calle, equivaliendo en la práctica a una pena de cadena perpetua. En su intervención, el legislador lanzó un reto directo a la bancada mayoritaria de Morena y al Gobierno Federal para respaldar el proyecto si verdaderamente existe la voluntad política de erradicar la impunidad de los denominados «narcopolíticos».
En el desarrollo de la argumentación, la dirigencia parlamentaria del PAN colocó la situación política de Sinaloa en el centro de la discusión. Elías Lixa hizo referencia explícita a la coyuntura que envuelve al gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, quien ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por parte de autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. La bancada panista recordó que Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo el pasado 1 de mayo de 2026, reincorporándose a sus funciones ejecutivas el 21 de agosto tras 112 días de separación, lapso en el cual compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) sin que la representación social encontrara elementos suficientes para ejercitar acción penal inmediata, aunque los expedientes e investigaciones internacionales continúan abiertos.
Elías Lixa sostuvo que las separaciones temporales de cargos o los reacomodos dentro de los grupos parlamentarios son insuficientes para frenar el flagelo de la infiltración criminal, por lo que urgió a blindar la legislación para evitar la existencia de «narcogobernantes en libertad». Esta propuesta parlamentaria forma parte del paquete estructural denominado «111 Soluciones para México», anunciado previamente por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el cual incluye compromisos para la creación de un sistema penitenciario de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad, así como otras iniciativas de corte fiscal como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento.
El contexto expuesto por los legisladores blanquiazules refirió una serie de precedentes históricos y recientes donde altos mandos de la administración pública mexicana han enfrentado procesos judiciales por colusión criminal. Entre los expedientes citados figura la condena de 38 años de prisión dictada en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna; los procesos instruidos contra los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, y de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda —extraditado y exonerado en México en 2020—; y la captura en Paraguay e internamiento penal en septiembre de 2025 del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar la célula delictiva «La Barredora».
La iniciativa pasará a comisiones unidas de la Cámara de Diputados para su dictaminación y posterior debate en el pleno, donde requerirá de la mayoría calificada para su eventual aprobación y turnado al Senado de la República.
Fuente: Cámara de Diputados – Grupo Parlamentario del PAN | © Redacción NoticiasPV
