El intento de captura de Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, dejó dos civiles armados abatidos y generó una intensa movilización de fuerzas federales y estatales.
La región de Michoacán enfrentó este lunes una de las jornadas más violentas del año tras un operativo de fuerzas federales y estatales para capturar a Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, identificado como uno de los líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 17 de noviembre, fuerzas coordinadas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) desplegaron una operación terrestre y aérea en el cerro de La Cantera, municipio de Salvador Escalante, bastión del líder criminal.
Esta cacería provocó reacciones del grupo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y dejaron bloqueos y quema de vehículos en al menos 16 municipios, así como el despliegue masivo de cuerpos de seguridad en zonas limítrofes.
La intervención derivó en enfrentamientos armados, causando la muerte de dos presuntos sicarios y la posterior ola de bloqueos carreteros que afectó también a Guanajuato.
¿Quién es “El Camaleón”?
Ángel Chávez Ponce, conocido como El Camaleón, ha sido señalado por autoridades federales como uno de los operadores más influyentes del CJNG en Michoacán.
Originario de La Huacana, inició su carrera criminal en las filas de Los Viagras, antes de integrarse a Pueblos Unidos y aliarse con el CJNG en la zona lacustre de Michoacán, donde extendió su control a municipios como Pátzcuaro, Ario de Rosales, Salvador Escalante y regiones cercanas a Morelia.
En etapas anteriores, operó como brazo armado de Los Caballeros Templarios y lideró la célula conocida como “Gente del Cerro”.
La movilidad entre organizaciones y sus alianzas flexibles han hecho de Chávez Ponce un factor constante en la disputa por rutas y plazas estratégicas.
En la actualidad, El Camaleón es descrito por fuentes federales y estatales como pieza clave para el CJNG en el control de caminos utilizados para el tráfico de drogas y mercancías ilícitas, así como para el cobro de piso y la extorsión a productores de aguacate y limón, transportistas y empresarios locales.
Los antecedentes penales de El Camaleón incluyen su implicación en el asesinato de Cristal García Hurtado, comisaria de la Guardia Civil de Pátzcuaro, y de sus escoltas en marzo de 2024, así como su presunta autoría en el secuestro y asesinato de Hugo Figueroa, sobrino del cantante Joan Sebastian, ocurrido en 2019 y videograbado por la célula armada.
También se le atribuye el homicidio de cuatro policías auxiliares en 2017 y el de funcionarios en San Juan Nuevo, todo en la región de influencia clave para su estructura.
El Camaleón fue además propietario del Rancho La Misión y se asoció a la organización de jaripeos y espectáculos de “toros bárbaros”, actividad que utilizó para tejer redes de protección e influencia en el Bajío michoacano.
Su perfil representa la fusión entre la cultura local y los intereses del crimen organizado, permitiendo robustecer vínculos sociales al mismo tiempo que expandía el control territorial para las células de Los Viagras, Pueblos Unidos y —actualmente— el CJNG.
Cacería en su contra
El historial de El Camaleón está marcado por operativos de captura en los que la reacción de su organización ha seguido un patrón: enfrentamientos armados, bloqueos y quema de vehículos para impedir el avance de las fuerzas de seguridad y facilitar su escape.
Uno de los casos más notorios ocurrió en 2019 en Salvador Escalante, donde un operativo fue frustrado tras ataques y bloqueos coordinados por su célula.
En abril de 2024, la Fiscalía General de Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Marina, SSP y la Coordinación Nacional Antisecuestros, capturó a Ángel Chávez Ponce en Aguascalientes.
Se ejecutó una orden de aprehensión judicial (expediente 1/2019-II) relacionada con el secuestro de Hilario A., un comerciante privado de la libertad en 2014 en la localidad de Uruapilla, municipio de Morelia. El cuerpo del comerciante fue hallado sin vida en 2016 en un predio cercano a la carretera Pátzcuaro-Uruapan.
Aunque un juez dictó prisión preventiva y lo vinculó a proceso por secuestro, pocos días después fue liberado al determinarse la ilegalidad de su detención por deficiencias en la integración del caso que presentó la Fiscalía.
Mas tarde, en septiembre de 2024, durante un nuevo despliegue en la región lacustre, más de 50 integrantes de su grupo impidieron su detención mediante la quema de unidades en carreteras como la Pátzcuaro-Morelia, Zacapu-Morelia y diversos tramos de Salvador Escalante.
Estos hechos, repetidos en distintos puntos y momentos, evidencian la capacidad de reacción del grupo de Chávez Ponce para proteger a su líder y obstaculizar las acciones de las autoridades.
Este lunes 17 de noviembre, la operación que tenía como principal objetivo a El Camaleón desembocó en una reacción violenta y coordinada del CJNG y sus aliados. Presuntos integrantes bloquearon y quemaron vehículos en vialidades de Pátzcuaro, Morelia, Zamora, Quiroga, Huaniqueo, Ecuandureo, La Piedad, Yurécuaro, Maravatío, Vista Hermosa, Ixtlán, Sahuayo, Chavinda, Chilchota, Tangamandapio y puntos en el vecino estado de Guanajuato.
Cámaras del sistema estatal de videovigilancia, C5i, registraron los ataques coordinados: personas armadas forzaron a automovilistas a abandonar sus unidades y les prendieron fuego para bloquear la llegada de refuerzos policiales y militares.
Las autoridades reportaron el uso de vehículos blindados de forma artesanal, así como la incautación de artefactos explosivos improvisados.
Según datos citados por EFE, habrían sido detenidas 12 personas, aseguradas cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores y siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal.
Por otro lado, datos de Milenio, afirman que en el operativo uno de los abatidos fue identificado como familiar de Heraclio Guerrero Martínez —El Tío Lako—, hombre muy cercano a “El Mencho”, líder máximo del CJNG.
Las recientes acciones de las fuerzas armadas y policiales son parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de una serie de ola violenta en la región, que despertó el malestar social nacional tras los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero, Bernardo Bravo.