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Washington y Nueva York. El gobierno de Joe Biden está incrementando en mil 500, a un total de 4 mil, las tropas federales desplegadas en la frontera con México para misiones de apoyo de autoridades civiles dedicadas al control migratorio, pero también para responder a una batalla político-electoral en este país.
La decisión es parte de los preparativos para enfrentar las posibles consecuencias del fin del llamado Título 42 (el 11 de mayo), una medida empleada por el gobierno de Donald Trump y también por el propio Biden para expulsar a migrantes y solicitantes de asilo usando la emergencia de salud pública por la pandemia.
Con múltiples declaraciones de emergencia por la ola migratoria en ciudades fronterizas y el anuncio de medidas de procesamiento de solicitudes de asilo más estrictas, anunciadas por el gobierno de Biden la semana pasada junto con la consigna constante de que “la frontera está cerrada”, el despliegue militar es parte de un esfuerzo no sólo para abordar la crisis en la frontera, sino también para contrarrestar las acusaciones republicanas de que los demócratas han perdido el control de la frontera.
De hecho, los republicanos tienen la intención de aprobar un proyecto de ley este mes para resucitar la construcción del muro fronterizo, ampliar la detención de familias migrantes que intentan ingresar sin documentos y nuevas represalias contra quien contrate a mano de obra indocumentada, todo parte de una ofensiva electoral que continuará de aquí a los comicios nacionales de 2024.
El anuncio del envío de tropas adicionales fue confirmado este martes por el Pentágono, cuyo vocero, el general Pat Ryder, declaró que “a solicitud del Departamento de Seguridad Interna, el secretario (de Defensa Lloyd) Austin aprobó un incremento temporal del Departamento de Defensa de mil 500 de personal militar para suplementar los esfuerzos de (la agencia de) Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos”.
Las mil 500 tropas activas autorizadas por orden ejecutiva de Biden la semana pasada y anunciadas este martes se sumarán a las 2 mil 500 tropas de la Guardia Nacional ya desplegadas en la zona fronteriza, todas las cuales –enfatizaron la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Interna– no estarán directamente involucradas en actividades de aplicación de la ley, sino sólo brindando apoyo administrativo y de monitoreo, entre otras tareas. El objetivo es librar a más agentes de la Patrulla Fronteriza para dedicarse a su trabajo de control migratorio.
La misión militar será de un plazo de 90 días y el envío es en respuesta a una solicitud del Departamento de Seguridad Interna, dentro del cual están las agencias de migración y control fronterizo.
Esperan ola de encuentros
El secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, ya había indicado desde la semana pasada que se prevé un incremento en “encuentros” con inmigrantes indocumentados y no autorizados en la frontera –tanto por traficantes que buscan aprovecharse de la transición como la persistente desinformación de que la frontera “quedará abierta” después de que se suspenda el Título 42– y que por lo tanto “eso pondrá presión sobre todo nuestro sistema”, incluyendo a todos los trabajadores federales encargados del control de la frontera sur.
Críticos, así como muchos medios, señalaron que es una acción muy parecida a las impulsadas por el ex presidente Donald Trump, las cuales fueron denunciadas por quienes ahora residen en la Casa Blanca y su partido en esos momentos.
Pero ahora la Casa Blanca insistió en que no se parece en nada a las acciones del mandatario anterior. La vocera Karine Jean-Pierre subrayó que fuerzas militares han apoyado a las autoridades fronterizas “por casi dos décadas… entonces, esto es una práctica común”.
Es cierto que el envío de tropas federales a la frontera ha sido ordenado por presidentes de ambos partidos en los años recientes, desde Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama hasta Trump.
La vocera Jean-Pierre también argumentó que esta medida no sería necesaria si el Congreso actuara para otorgar los fondos necesarios a las tareas de las agencias de control fronterizo, y recordó que la situación es también resultado de que republicanos en el Congreso no han respondido a la propuesta de una reforma migratoria integral presentada por Biden en su primer día como presidente.
Acusó que políticos republicanos, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, continúan “jugando política con migrantes” en lugar de abordar lo que está ocurriendo en la frontera y dejar de obstaculizar la aprobación de más recursos para los esfuerzos en la frontera y una reforma migratoria.
Pero las medidas militares de Biden también han generado críticas desde su propio partido y defensores de derechos de los inmigrantes. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, denunció el envío de tropas a la frontera como “inaceptable”. Agregó que “el gobierno de Biden ha tenido más de dos años para planear por el fin de esta política de la era de Trump de una manera que no viole nuestros valores como país… Intentar anotar puntos políticos o intimidar a migrantes al enviar a militares a la frontera atiende a los ataques xenofóbicos del Partido Republicano sobre nuestro sistema de asilo”.
El diputado federal demócrata de Chicago, Jesús Chuy García, declaró que “no deberíamos enviar militares en servicio activo para tratar con migrantes vulnerables. Condenamos a Trump por hacer lo mismo. Biden no debería seguir su ejemplo y seguir adelante con estos planes”. Agregó que “enviar tropas a la frontera no es un remplazo de soluciones políticas reales, como más fondos para alimentos y refugio para los migrantes. No es un remplazo de una reforma migratoria significativa que aborde los impulsores claves de la migración y trace un nuevo camino basado en la compasión”.
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