Un cuerpo de vigilantes del Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico -dependiente de la Sedena- montaba guardia cerca de un domicilio en Culiacán al que se suponía que podría llegar Ovidio Guzmán, contra quien hay una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
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Un cuerpo de vigilantes del Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico -dependiente de la Sedena- montaba guardia cerca de un domicilio en Culiacán al que se suponía que podría llegar Ovidio Guzmán, contra quien hay una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Poco antes de las dos de la tarde del jueves 17, en efecto, el objetivo arribó a esa vigilada casa y el grupo de élite decidió actuar «en caliente», aun antes de obtener la indispensable orden de cateo. El resultado, de todos conocido, fue la captura y liberación del hijo del Chapo, en una violenta y confusa tarde culiacanense.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Poco antes de las 14:00 horas del jueves 17, un reporte de vigilancia informó a un equipo del Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GAIN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que Ovidio Guzmán estaba en un domicilio ubicado en la zona conocida como Tres Ríos, en Culiacán.
El sector se llama así por la confluencia de los ríos Culiacán, Tamazula y Humaya. Casi en el vértice que forman estos dos últimos se ubica el fraccionamiento La Jolla, un complejo privado, con barda perimetral, donde la vigilancia del GAIN se había establecido desde el pasado febrero, debido a que hay una orden de aprehensión de Ovidio, con fines de extradición a Estados Unidos.
Los miembros del GAIN sabían que el lugar era frecuentado por el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pues por sus informantes se enteraron que tenía familia en ese lugar al que, tarde o temprano, regresaría. Por ello, dentro de La Jolla el GAIN rentó una casa, instaló una unidad de monitoreo y fueron sus integrantes quienes informaron a su comandante que Ovidio, en efecto, llegó al domicilio después de las 13:00 horas del jueves 17.
El fracaso de la operación, el desbordamiento de la violencia con civiles armados que cobró la vida de 12 presuntos agresores, un civil y un efectivo de la Guardia Nacional, así como 21 heridos en el reporte oficial, provocó severas críticas al gobierno, particularmente porque después de cinco horas de violencia Ovidio Guzmán quedó libre.
A lo largo de la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los integrantes del gabinete de seguridad, realizaron diferentes declaraciones.
Cada mañana, antes de cada conferencia de prensa, en Palacio Nacional y bajo la conducción de López Obrador sesiona el gabinete de seguridad, integrado por el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, almirante Rafael Ojeda; el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, una cúpula coordinada por el único civil entre los altos mandos, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. También asisten colaboradores de alta jerarquía de cada dependencia.
Entre participantes de las sesiones del gabinete, consultados a efecto de abundar en declaraciones públicas, Proceso obtuvo datos respecto a los hechos del jueves 17 en Culiacán.
De la información obtenida destaca lo relativo al seguimiento y ubicación de Ovidio Guzmán, además de las condiciones en que se tomó la decisión de detenerlo y las causas por las que Cresencio Sandoval aceptó la responsabilidad institucional de lo ocurrido al día siguiente, el viernes 18, cuando en conferencia de prensa expuso: «El grupo responsable de esta acción policiaca, en su afán por obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada».
El general fue más allá: dijo que hubo una «deficiente planeación», que faltó previsión sobre las consecuencias de la acción y que el grupo, al que hasta ahora nadie había identificado con precisión, omitió informar a sus superiores. Es decir al gabinete de seguridad.
Añadió: «Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada tuvieron consecuencias negativas para la población civil».
En seguimiento a esa y otras declaraciones, Proceso consultó pormenores sobre las condiciones del operativo, que a decir de los funcionarios ocurrió tras el arribo del hijo del Chapo Guzmán al domicilio de Tres Ríos con apenas dos guardaespaldas.
En el interior, sabían por la vigilancia permanente, sólo estaba una mujer con sus dos hijas. El poder de fuego era tan limitado, que el GAIN, junto con una unidad de la División Antidrogas de la Guardia Nacional, decidió avanzar…
Versiones confusas
Fue alrededor de las 14:30 horas cuando el convoy del GAIN y la División Antidrogas de la Guardia Nacional (cuerpo que realizaba las mismas funciones desde que estaba adscrito a la Sedena) avanzaron por la calzada Morelos, del otro lado del río Tamazula, estableciendo un perímetro amplio.
Antes de arribar -siempre conforme a la versión que tiene el gabinete de seguridad- solicitaron la orden de cateo para poder ingresar al domicilio y realizar la aprehensión.
Según el reporte que el GAIN rindió al Estado Mayor de la Sedena, compartido por Cresencio Sandoval en el gabinete de seguridad, la orden de cateo se solicitó al momento, porque los comandantes del GAIN temían filtraciones del Poder Judicial.
No obstante, confiaron en que la orden sería librada de manera expedita por un juez y decidieron tender el círculo de seguridad en el sector con el despliegue de 125 elementos, de los cuales, un grupo de 30 soldados (con entrenamiento de fuerzas especiales) rodeó el domicilio ubicado en la segunda calle del complejo residencial La Jolla, entre las calles Alejandro Avilés Izunza, Manuel Romero y Teresa Villegas.
El despliegue tenía el propósito de ingresar por Ovidio Guzmán… pero ya los estaban esperando y los soldados fueron recibidos a tiros.
Aunque la noche del jueves 17 el secretario de Seguridad expuso que era un rondín de rutina, en un breve y escueto informe preliminar, el viernes 18, López Obrador clarificó que se trataba del operativo de aprehensión.
Media hora después del despliegue militar la ciudad estaba desbordada. Desde diferentes sectores de Culiacán e incluso desde otras ciudades, civiles armados -el presidente y sus secretarios han evitado referirse al Cártel de Sinaloa y prefieren usar el genérico «grupos de delincuencia organizada»- tomaron las calles y confrontaron el perímetro de seguridad mientras el cerco del grupo de élite se mantenía en torno al domicilio.
El GAIN es un cuerpo especializado en información, dedicado a la investigación y detención de criminales de alto perfil. Sus operaciones suelen ser respaldadas por dispositivos masivos tierra-aire, como ocurre también con el coloquialmente llamado entre militares «Gafe del alto mando» que responde al general secretario. Pero en el caso del GAIN, responde al Estado Mayor de la Sedena.
Desde las primeras horas, un cuestionamiento insistente, tanto para López Obrador como para Durazo, fue sobre el conocimiento de la operación. El mandatario se refirió a eso el martes 22, cuando expuso que no lo era.
Las fuentes consultadas aseguran que los generales Sandoval y Rodríguez Bucio no expusieron si el asunto se había comunicado al Estado Mayor de la Sedena o a algún mando de la Guardia Nacional.
Sandoval aceptó en general la responsabilidad y sólo el viernes 18, en la conferencia de prensa en Culiacán, expuso la omisión del GAIN de informar al gabinete de seguridad, del que él forma parte.
Contra las previsiones tomadas de manera rutinaria en operativos para detener a personas de alto perfil delincuencial, esta vez, debido al temor de filtraciones, así como a las condiciones que en el momento consideraron idóneas por la poca seguridad de Ovidio Guzmán, decidieron realizar el operativo sin la cobertura usual.
El viernes 25 Alfonso Durazo atribuiría la movilización de civiles armados a Iván Archivaldo Guzmán, hermano de Ovidio, quien en diferentes versiones periodísticas se suponía también detenido; así que al desmentir la especie, el secretario de Seguridad expuso el papel que jugó el otro hijo de Guzmán Loera.
La movilización principal se concentró en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, entre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y el bulevar Francisco Labastida Ochoa, esto es entre la sede de la Fiscalía General del Estado y el Forum Culiacán, un enorme centro comercial en el vértice que forman los ríos Humaya y Tamazula. La zona registró tiroteos persistentes a lo largo de la jornada y, sin embargo, los comandos civiles -siempre según el parte oficial- jamás lograron traspasar el perímetro militar.
En la conferencia de prensa del viernes 25, Durazo reiteró que Ovidio Guzmán no fue detenido y liberado. Conforme a la información obtenida por Proceso en el gabinete de seguridad, los militares no pudieron ingresar al domicilio.
Y es que la tarde del jueves 17, en el fraccionamiento La Jolla, el grupo élite de soldados se quedó esperando la orden de cateo. Jamás llegó.
Sin alusión a lo ocurrido en Culiacán, en los días siguientes cobró fuerza la discusión sobre actos de corrupción y una reforma al Poder Judicial.
Los rehenes
Por la carretera federal 15-D que comunica a Culiacán con Mazatlán, hay una caseta de cobro a la altura de la sindicatura de Costa Rica. Se trata ya de las afueras, al sur de la capital sinaloense, una zona rural en la que hombres armados tomaron como rehenes a 15 soldados.
Al otro extremo, en la caseta número 10, había un puesto carretero militar en las proximidades de la caseta Culiacán-Guamúchil, ciudad ésta desde la que llegaban refuerzos en apoyo a los comandos que presuntamente lideraba Iván Archivaldo. Mientras, en la ciudad, una unidad habitacional del Ejército, en la colonia 21 de Marzo, fue rodeada sobre la avenida De las Brisas y la calle Campanillas por los civiles armados que disparaban desde el exterior.
Pero el punto más crítico estaba en la sindicatura de Costa Rica.
La mañana de aquel jueves 17, Protección Civil de Sinaloa había emitido una alerta de baja presión, por lo que en espera de lluvias intensas se habían suspendido clases y actividades administrativas del sector educativo. Como parte de los preparativos, el Ejército transportaba agua en un convoy de pipas del Plan DN-III que fue interceptado en la caseta de la mencionada sindicatura.
Los soldados y las pipas fueron retenidos alrededor de las 15:30 horas, tiempo del Pacífico, una diferencia de dos horas respecto a la hora del Centro.
Para entonces el gabinete de seguridad que acompañaría al presidente López Obrador a su gira en Oaxaca, donde se proponían sesionar la mañana del viernes 18, suspendió el viaje y se mantuvo en una sala de crisis, cuya ubicación no fue revelada.
Fue ahí donde recibieron el informe de los 15 militares que habían sido tomados como rehenes, la persecución a un piquete de soldados que agarró monte para resguardarse junto con algunos civiles cerca de la caseta 10, y el asedio bajo el que se encontraba la unidad habitacional de la colonia 21 de Marzo.
El hecho se habría comunicado a López Obrador antes de que abordara su vuelo a Oaxaca. El martes 22 el mandatario confirmó que ante la escalada en Culiacán y la sesión de emergencia del gabinete, les instruyó analizar la situación y comunicarle su decisión.
La tarde del jueves 17, al llegar a Oaxaca, López Obrador no aceptó hacer declaraciones. Se limitó a decir que el gabinete de seguridad estaba reunido y que más tarde se rendiría un informe.
La toma de rehenes, los asedios y el despliegue de hombres armados oficialmente superaba el estado de fuerza del gobierno en ese momento. Así que acordaron ordenar el repliegue y retirar el cerco sobre el domicilio en La Jolla. La retirada ocurrió alrededor de las 10:00 horas y media hora después los enfrentamientos cesaron.
Al respecto, López Obrador dijo que avalaba esa acción y a lo largo de la semana fue insistente en reivindicar la decisión de la retirada, considerando que de continuar el operativo se hubiera dado una masacre. Con recurrentes referencias a sus críticos, los expresidentes Vicente Fox y principalmente Felipe Calderón, insistió en la idea de que su gobierno procura reducir la letalidad en operativos, defendiendo el acuerdo del gabinete de seguridad.
Aunque el mandatario exculpó de cualquier responsabilidad al gobierno estatal, en el gabinete de seguridad se tomó nota de la omisión de los cuerpos locales de seguridad. También de las condiciones en que durante las horas de caos ocurrió la evasión de los 55 reos del penal de Aguaruto, un hecho por el que el director de esa penitenciaría fue cesado.
Al cierre de esta edición, más de una semana después de los hechos, siguen planteándose dudas tanto en relación con la evasión de Ovidio Guzmán como por los errores tácticos y la supuesta intervención de la DEA, cuya participación fue negada por Durazo el viernes 25.
En esta última fecha, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador anunció que en breve presentará un informe, ahí en la llamada conferencia «mañanera», sobre los hechos de Culiacán, «minuto a minuto», que será exhaustivo y con transparencia plena.
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