La Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control expusieron un sistema de simulación de competencia, empresas sin personal y contubernio con funcionarios.
Una red de presunta corrupción y simulación de competencia operó durante más de una década en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales (Oples), logrando acaparar contratos multimillonarios a costa del erario. Durante la entrega del Segundo Paquete de Informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2025, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández, reveló que cinco empresas vinculadas entre sí estructuraron un esquema para defraudar al árbitro electoral mediante licitaciones simuladas, subcontrataciones cruzadas y una absoluta falta de infraestructura operativa.
Ante la Cámara de Diputados, el auditor superior detalló que las compañías beneficiadas presentaban registros laborales mínimos o nulos, facturando cientos de millones de pesos a pesar de contar con menos de cinco trabajadores o carecer por completo de personal. Este andamiaje de simulación operaba gracias al contubernio con servidores públicos, una situación que también fue confirmada por el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien indicó que se indagan faltas graves y montos que superan los 2 mil 400 millones de pesos canalizados a estas firmas entre 2014 y 2025.
Licitaciones simuladas, empresas fantasma y la complicidad de funcionarios en el saqueo presupuestal de los órganos electorales:
– Simulación de competencia: Las empresas concursaban de manera aparente, pero se encontraban bajo el control administrativo de las mismas personas para repartirse los contratos.
– Empresas sin personal: La ASF detectó que las compañías ganadoras carecían de la capacidad material y de empleados para cumplir con los compromisos adquiridos con el instituto.
– Contubernio institucional: Las indagatorias confirman la existencia de redes de vínculos entre servidores públicos y las personas morales beneficiadas en los procesos comiciales.
– Acciones legales: El OIC del INE inició procedimientos de responsabilidad administrativa contra los implicados tras documentar las primeras irregularidades operativas.
El caso marca un punto de inflexión en la revisión de los recursos asignados a los procesos electorales, exponiendo vulnerabilidades históricas en los controles administrativos de los organismos autónomos.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) / OIC del INE / El Financiero | © Redacción NoticiasPV