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En 2018, los 32 estados de la República utilizaron de forma irregular un total de 4 mil 853 millones de pesos que el gobierno federal les envió como parte del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) a fin de ayudarlos a atender a la población que no cuenta con servicios sanitarios o de seguridad social, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la revisión de la cuenta pública 2018, el órgano fiscalizador realizó auditorías a las 32 entidades federativas que recibieron recursos del Fassa, que en 2018 tuvo un presupuesto total de 95 mil 316 millones de pesos, 4.8 por ciento más que el año previo.
La ASF escogió una muestra de 95 mil 294 millones de pesos, de los cuales 4 mil 853.6 millones quedaron sin aclarar, luego de que los estados devolvieron 81.6 millones a la Tesorería de la Federación.
La entidad con más observaciones por recursos no comprobados fue Oaxaca, con mil 446.3 millones, seguido de Chiapas, con mil 68.1 millones; Jalisco, con 417.1 millones, y Campeche, con 339.1 millones. Asimismo, se documentó que la mayor cantidad de irregularidades –por 2 mil 155.8 millones, equivalente a 43 por ciento del monto observado– obedecieron a la falta de documentación justificativa o comprobatoria.
Otros mil 92.8 millones (22.1 por ciento) no fueron comprobados porque fueron transferidos a cuentas bancarias distintas de las que utilizó la Federación para enviar el dinero a los estados. Asimismo, mil 74.2 millones (21.8 por ciento del monto observado) no fueron ejercidos, pero tampoco reintegrados a la Tesorería.
Entre las recomendaciones de la ASF a los estados para evitar que se den nuevas irregularidades en el Fassa, se encuentran que se aseguren de tener la documentación original que compruebe y justifique sus gastos, además de administrar en una cuenta bancaria específica los recursos que reciben y sus rendimientos financieros. De igual manera, llamó a los estados a registrar adecuadamente las transferencias de la cuenta original en la que reciben los fondos a otras cuentas para pagar servicios, a fin de asegurarse de la trazabilidad de los movimientos.
Por otro lado, la ASF pidió que los órganos internos de control finquen responsabilidades a los funcionarios que hayan cometido desvíos de fondos, se fortalezca la participación del gobierno federal en la supervisión de estos ejercicios y se asegure la oportuna rendición de cuentas del dinero designado al sector salud de los diversos estados.
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