Especialistas en normatividad civil y federal señalan que, aunque la legislación protege el derecho a la intimidad, grabar en un acto público y oficial requiere acreditar afectaciones específicas para configurar una falta legal sancionable.
El reciente altercado registrado en el salón de tesorería de Palacio Nacional entre la periodista Reyna Haydée Ramírez y el comunicador Carlos Pozos, conocido como «Lord Molécula», puso sobre la mesa el análisis sobre los alcances y restricciones legales en el uso de dispositivos de captura portátil, tales como lentes inteligentes equipados con cámaras integradas, durante el desarrollo de actos públicos de relevancia informativa.
La confrontación, suscitada cuando la reportera increpó a Pozos por presuntamente registrar sus movimientos e interrumpir su labor informativa utilizando accesorios tecnológicos con capacidad de filmación, motivó diversas interpretaciones jurídicas en torno a la delgada línea que separa el ejercicio de la libertad de expresión, las herramientas de trabajo y la protección de datos personales en espacios institucionales.
De acuerdo con especialistas en derecho civil y federal, la legislación vigente en la capital del país establece excepciones claras para la captación de imágenes de personas con proyección pública en eventos abiertos, por lo que la acción de grabar en un recinto oficial no constituye automáticamente un delito penal, a menos que se compruebe la sustracción ilícita de información privada contenida en dispositivos particulares o la vulneración directa del honor y el patrimonio moral mediante peritajes judiciales formales.
Fuente: Legislación CDMX / Código Penal Federal / Análisis normativo | © Redacción NoticiasPV









