La investigadora calificó como una «tragicomedia» la reincorporación del mandatario sinaloense tras la exoneración de la FGR y advirtió que la omisión sobre la entrega del general Gerardo Mérida en EE. UU. expone complicidades institucionales.
La periodista y escritora Anabel Hernández calificó de «tragicomedia» y «escándalo de proporciones graves» el retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. En entrevista periodística con Carmen Aristegui, la autora sostuvo que la decisión del mandatario estatal de reasumir el cargo —luego de que un jurado ciudadano en Estados Unidos determinara la existencia de indicios sobre presunta conspiración con la facción de «Los Chapitos»— confirma la consolidación de un esquema de «narcocracia» en el país, concepto que abandera en su más reciente producción editorial.
Durante su análisis, Hernández enfatizó que Rocha Moya omitió deliberadamente en su mensaje a la ciudadanía la situación legal del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa (2023-2024). Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Arizona el 11 de mayo de 2026, tras ser acusado junto con el gobernador de recibir sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales a cambio de brindar protección operativa y filtrar información confidencial a grupos delictivos. Tras registrarse su salida del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto, se prevé su incorporación al programa de testigos protegidos del Departamento de Justicia estadounidense.
En contraparte, Rocha Moya difundió un comunicado en sus canales oficiales donde defendió su postura argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró las carpetas en su contra al no encontrar «los mínimos elementos de prueba» en un periodo de 112 días de investigación. El ejecutivo estatal atribuyó los señalamientos a «motivaciones políticas de la ultraderecha» e iteró que concluirá su periodo constitucional el 31 de octubre de 2027 bajo la directriz del Gobierno Federal.
Finalmente, Hernández sostuvo que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —quien aclaró que la reincorporación fue decisión unilateral del gobernador al no existir una solicitud formal de extradición— refleja una política de exoneraciones previas al ciclo electoral. La periodista concluyó que el «carpetazo» a expedientes de alto impacto, sumado a los precedentes de impunidad en casos como Ayotzinapa, propicia un clima de mayor violencia al dejar intactas las cúpulas de protección política e institucional.
Fuente: Entrevista a Carmen Aristegui / Comunicado de Rubén Rocha Moya | © Redacción NoticiasPV
