La organización exige al gobierno estatal garantizar los derechos humanos y la seguridad de los manifestantes.
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Amnistía Internacional, organización defensora de derechos humanos, emitió un llamado dirigido a las autoridades mexicanas de todos los niveles para que prioricen la protección al derecho a la reunión pacífica.
La entidad exige respuestas inmediatas ante el clima de inseguridad y violencia que prevalece en el estado de Michoacán.
De acuerdo con la organización, las recientes protestas ciudadanas reflejan la percepción generalizada de que el Estado no está ofreciendo soluciones efectivas al problema, lo que ha motivado a la población a demandar acciones concretas.
El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, quien fue atacado con siete disparos durante un evento conmemorativo por el Día de Muertos, provocó que los habitantes de la región salieran a manifestarse en las calles.
Durante estas protestas, el 3 de noviembre se registró a un grupo de manifestantes que ingresaron al Palacio de Gobierno, en Morelia, donde elementos de seguridad realizaron detenciones.
En el marco de estas movilizaciones, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por incidentes registrados en video, en los que se observa a elementos policiales golpeando a manifestantes ya sometidos y disolviendo concentraciones catalogadas como pacíficas. La organización indicó que estos actos podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
En su pronunciamiento, Amnistía Internacional México enfatizó que “la protesta social es un derecho humano al que las personas recurren ante las omisiones del Estado para atender demandas sociales”.
También recordó que corresponde a las autoridades facilitar y proteger el pleno ejercicio de este derecho, en lugar de impedirlo o sancionarlo represivamente.
La organización también alertó sobre el uso de armas menos letales durante las manifestaciones, advirtiendo que su utilización debe apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos para evitar incurrir en violaciones graves.
En este sentido, subrayó la importancia de que las autoridades “se abstengan de hacer un uso indebido del derecho penal para inhibir la defensa o ejercicio de derechos humanos”.
Amnistía Internacional formuló tres peticiones principales a las autoridades:
- Garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica.
- Iniciar investigaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos cometidas durante las protestas.
- Atender con urgencia la situación de inseguridad y violencia que enfrenta Michoacán, respetando y garantizando los derechos humanos en todo momento.
La organización reiteró su solidaridad con la población de Michoacán y remarcó la urgencia de que el Estado dé respuesta a las legítimas exigencias de justicia y seguridad, haciendo hincapié en su obligación de actuar bajo el marco de los derechos fundamentales.