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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La promoción personalizada de las ayudas económicas que se dispersan mediante los llamados Programas de Bienestar fue plenamente acreditada: varios “superdelegados” –entre los que destacan aquellos que buscan o han buscado cargos de elección popular– emitían mensajes a través de redes sociales difundiendo acciones gubernamentales, mientras que 13 mil empleados conocidos como “Servidores de la Nación”, recorrían el país integrando padrones, con chalecos en los que, además de la iconografía gubernamental, podía leerse el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el asunto el 8 de agosto, pero fue hasta el 26 de septiembre cuando emplazó al presidente, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, así como el coordinador de los programas sociales, Gabriel García, para que respondieran por el uso de recursos públicos para promoción personalizada, una actividad que está prohibida por el artículo 134 constitucional.
A continuación, el mandatario acusó al INE de haberse hecho de la vista gorda ante el uso de programas sociales como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera –es decir, aquellos que corresponden a los pasados cinco sexenios que identifica a diario como “del período neoliberal”—y añadió que “ahora se convierten en paladines de la democracia”.
El episodio reúne dos temas centrales en el discurso del mandatario a lo largo de su trayectoria: corrupción y democracia electoral. De hecho, él mismo se refirió a su lucha, en plural, contra el fraude electoral que, en efecto, tuvo su origen en la denuncia de la elección tabasqueña de 1988, caso por el que escribió el libro Tabasco, víctima del fraude electoral; seguiría con el “Éxodo por la democracia” en 1991, y la “Caravana por la Democracia” en 1995 que, entre otros, hasta la denuncia y plantón por su primera contienda presidencial en 2006.
Sin embargo, en la misma declaración del 27 de septiembre, sin importar la evidencia fotográfica del uso de su nombre, así como la del protagonismo de los “superdelegados” –ambas conductas ya prohibidas por el INE desde el 16 de agosto– el presidente dijo, si el organismo decidía infraccionar a sus funcionarios: “nosotros vamos a defendernos”.
El pasado 24 de octubre, la titular de la secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que nueve “superdelegados” están bajo investigación por el uso indebido de programas sociales, aunque no precisó si se relacionaban con las sanciones impuestas por el INE.
Se trata de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco. La investigación, según pudo confirmar Proceso, no es sólo por la promoción de la imagen de los “superdelegados”, pues abarca un caso de nepotismo en Chihuahua; el robo millonario de recursos que se transportaban en una avioneta en Chiapas; y en Jalisco, por el caso conocido de proveeduría de Carlos Lomelí, que fue uno de los primeros escándalos de la administración.
Lomelí, empresario y político, candidato perdedor para gobernador de Jalisco en 2018, fue designado “superdelegado”, cargo que dejó tras la publicación de un reportaje realizado por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad que acreditó sus negocios de proveeduría al sector salud.
Como en otras ocasiones, ante la revelación, el mandatario reaccionó a bote-pronto en la mañanera del 21 de mayo, que se trataba de desprestigiar su lucha contra la corrupción con el caso de Lomelí, añadiendo que era “politiquería”.
Hasta ahora, no hay caso abierto por lo que implica el uso del nombre del presidente López Obrador.
El pasado
El presidente López Obrador prácticamente diario habla de sus “adversarios, los conservadores”. En sus declaraciones cotidianas como parte de las llamadas “mañaneras”, así como en sus giras por los estados de la república, y ahora también en su libro Por una economía moral, se refiere a sus opositores como los que no han entendido que el país ya cambió.
Luego, repite: “antes, lo que hacían…”; “en el régimen neoliberal”, “en el antiguo régimen” y en no pocas ocasiones se ha referido a la corrupción, irregularidad, inmoralidad política y en general a lo que hicieron mal, particularmente, los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
El pasado 5 de noviembre, a pregunta expresa sobre si seguiría condenando al pasado, expuso: “Ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado porque si no sabemos de dónde venimos no sabemos a dónde vamos. Entonces voy a tener que seguir hablando, ni modo de Salinas y de Zedillo con el Fobaproa, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo de la nación, de Zedillo seguiré hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.
“De Fox voy a seguir hablando porque engañó de que habría un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia y de Calderón pues nada más se robó la Presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra. De Peña voy a seguir hablando. Tengo que hacerlo. Y ellos también hablan de mí”, concluyó riendo.
A lo largo del primer año de gobierno, diferentes episodios marcaron la distancia con diferentes personalidades, hasta incurrir en posibles ilegalidades. Por ejemplo, el 14 de marzo, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció que presentaría denuncias contra los posibles implicados en financiar el documental “El populismo en América Latina”.
En el escenario favorito del presidente, la mañanera, Nieto Castillo identificó con nombre y apellidos a los partícipes de la “campaña negra”: Alejandro Quintero de TvPromo, productora que habría recibido dinero del Bufete de Proyectos, Información y Análisis de los hermanos Federico y Ariel Berrueto Pruneda, estos últimos alegando inocencia y violación a debido proceso y presunción de inocencia.
El 15 de marzo, Nieto Castillo presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que hasta ahora no ha resuelto el caso que, por otra parte, no es el único expuesto con similitudes por presidente y funcionario.
Antes, a mediados de febrero, en el contexto de una renovación de posiciones en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el entonces presidente de dicha instancia, Guillermo García Alcocer, fue señalado de estar bajo investigación por la UIF y la SFP, por presunto conflicto de intereses.
El 18 de febrero, la información fue dada a conocer por Irma Eréndira Sandoval y Nieto Castillo en la “mañanera” y consistía en acusar a García Alcocer de haber autorizado contratos para la empresa Fermaca, donde trabajaban dos parientes cercanos que también identificó.
Días antes, García Alcocer había cuestionado la falta de preparación de quienes propuso López Obrador para integrarse a la CRE. El proceso fue atropellado y, meses después, haciendo uso de sus facultades tras la falta de consensos en el Senado, el mandatario designó a los nuevos comisionados. Mientras García Alcocer renunció al cargo el 2 de junio, sin que se haya vuelto a saber más de la investigación.
El asunto puso en la discusión las llamadas “puertas giratorias”, es decir, los casos de funcionarios públicos que cuando dejaron de serlo fueron empleados como altos ejecutivos de trasnacionales. Aunque ninguno de los casos implicaba ilegalidad, López Obrador dio a conocer nombres de exfuncionarios y empresas en las que trabajaban, incluyendo al menos a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En el fondo de esa discusión, así como de la de las “puertas giratorias”, emergió el caso de siete gasoductos contratados para abastecer termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo director, Manuel Bartlett Díaz, condujo a una renegociación que, sin haber resuelto la suspensión de obras, se presentó como una renegociación de contratos favorable a la mencionada empresa productiva del estado.
Espaldarazos
Sea por falta de preparación, presuntos hechos de corrupción, negligencia o bien, contradicciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador suele respaldar a sus colaboradores.
Por ejemplo, en el caso de Manuel Bartlett, la supuesta tenencia de propiedades injustificables de conformidad con sus ingresos como servidor público así como la omisión de declarar 12 empresas, reveladas por la reportera Areli Quintero, fueron atajadas por el mandatario:
López Obrador –como hizo en los ya mencionados casos de Lomelí y de la promoción personal– consideró que sus adversarios estaban como desquiciados por reagruparse, pero que el conservadurismo estaba moralmente rematado. Señaló a los medios que difundían esa información de haberse beneficiado de los gobiernos anteriores, y dijo confiar en Bartlett (quien aclararía todo), pero no en los periodistas.
“… Porque no son honestos, siempre hay un interés económico o político, y lo digo por como he padecido calumnias de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores”.
Bartlett dio una explicación tenue, cuyo argumento central fue que en los negocios que se le atribuían participaba su pareja sentimental con quien nunca se ha casado. Y, aunque la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval anunció una investigación, hasta ahora no se conocen resultados.
Y es que, el rasero de la autonombrada “Cuarta Transformación” es variable cuando se trata de los de casa. Entre los temas recurrentes del presidente López Obrador destaca, por ejemplo, la falta de pago por la vía de exenciones o perdones fiscales a empresarios.
Lo hizo al señalar a exaccionistas de Grupo Modelo a quienes se les había condonado el Impuesto Sobre la Renta, el 3 de febrero; el 20 de mayo emitió un decreto para prohibir condonaciones, fecha en la que también presentó gráficas para exhibir los montos y características de esas medidas, hasta entonces legales, condenar que se hicieran y hasta mencionar que en muchos casos apoyaban campañas electorales y luego se les condonaban impuestos.
Sin embargo, el 2 de octubre, cuando los nombres de Yeidckol Polevsnky, la presidenta del partido que López Obrador fundó, Morena, así como la exvelocista y actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, quedaron evidenciados como beneficiarios de condonaciones fiscales, fue cuando el mandatario las justificó diciendo:
“Es que eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo: legales. Estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal en Hacienda. Es más, cuando llegamos nosotros, pasaron unos meses y se seguían dando condonaciones. Hasta que dijimos: se acaba esto”.
Los casos
Como nunca en la historia del país, hay procesos abiertos contra presuntos partícipes de corrupción, como en el caso del general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fue jefe de seguridad de Pemex y está acusado por huachicoleo; la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, por el desvío de recursos millonarios; el abogado Juan Collado relacionado con la élite peñanietista y los procesos abiertos sobre Emilio Lozoya, el exidirector de Pemex.
Además, hay una investigación abierta sobre Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes del peñanietismo.
Sin embargo, hasta ahora, el caso más relevante sigue siendo el de Robles Berlanga, pues se trata de la primera vez que una extitular de dos secretarías de Estado es recluida en prisión, así sea preventiva, desde el sexenio de José López Portillo, cuando fue preso el exsecretario de Comunicaciones y Transportes de Luis Echeverría, Eugenio Méndez Docurro.
Irma Eréndira Sandoval ha destacado el incremento en un 40% de las denuncias por corrupción, atribuyendo el indicador a una mayor confianza ciudadana.
En una comparecencia anta la Cámara de Diputados, el pasado 23 de septiembre, Sandoval expuso que hay más de 22 mil denuncias, de las cuales están en curso 18 mil investigaciones, en tanto hay 7 mil procedimientos de responsabilidad administrativa, y 3 mil 596 casos, entre hechos de la pasada administración y la actual, que se encuentran en sustanciación.
Por lo pronto, la secretaria expuso que hay 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas por hechos que pudieran considerarse corrupción, o bien, ilegalidades en el servicio público.
Pero los resultados no son todo. En materia de transparencia, por ejemplo, los recursos de revisión presentados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), han aumentado en un 500% según el comisionado Joel Salas.
Ese indicador, muestra la opacidad en procedimientos, mientras que el presidente López Obrador suele presumir como ejercicio de transparencia su conferencia mañanera.
Además del ocultamiento de información o la mala gestión en la materia, el desdén por procedimientos transparentes y de mejores prácticas se ha patentado, por ejemplo, en un incremento en las adjudicaciones directas y un fracaso cuando las obras se concursan.
Entre los casos más destacados, está el de la adquisición de pipas en el extranjero, que se autorizó por supuesta emergencia sin licitación; el caso de los medicamentos o la licitación para construir la refinería de Dos Bocas, desierta.
En cada oportunidad, el presidente López Obrador ha pedido confianza, asegurando que sus funcionarios son honestos y, por lo general, comparando con episodios del pasado o señalando complicidad en quien le señale alguna irregularidad.
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