CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que la inhabilitación por 10 años que impuso a Rosario Robles Berlanga, por no declarar información bancaria durante sus gestiones en la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo “con apego a la ley”.
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Además, la sanción “es independiente del monto o el estado que guarda” la cuenta bancaria, subrayó este viernes.
La SFP también afirmó que Robles “fue notificada en tiempo y forma a través de su representante legal”, y recordó que la exfuncionaria tiene “derecho de presentar los medios de impugnación que considere oportunos”.
Robles, recluida en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde el pasado 13 de agosto, aseveró ayer que la cuenta bancaria reportada fue abierta en 2008 y cancelada en 2016, y nunca tuvo más de 2 mil 887 pesos en depósito.
En una carta manuscrita, leída afuera del penal por Mariana Moguel Robles –su hija, expresidenta del PRI en la Ciudad de México y ahora diputada local–, Robles exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le garantice el acceso a un debido proceso.
El pasado miércoles 18, la SFP inhabilitó a Rosario Robles Berlanga para ejercer en el sector público federal durante 10 años, luego de determinar que “falseó su información patrimonial” mientras encabezaba las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La exjefa de gobierno es acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público en los supuestos desvíos multimillonarios operados en el sexenio de Peña Nieto, conocidos como Estafa Maestra.
