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CIUDAD DE MÉXICO.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) busca castigar, hasta con ocho años cárcel y 800 días de multa, las “irregularidades” cometidas por precandidatos independientes, como las firmas falsas detectadas en los registros de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter para competir en las presidenciales pasadas.
A través de un anteproyecto de reforma al marco jurídico electoral, que el fiscal Héctor Marcos Díaz-Santana entregó a los senadores esta semana, la Fiscalía propuso crear diversos tipos penales y agravar los ya existentes para terminar “con el ambiente de impunidad en materia electoral”.
Es necesario… (castigos a) conductas ilícitas de los aspirantes a candidatos independientes, así como a los integrantes de los equipos de campaña, a efecto de desincentivar que —con el objeto de alcanzar sus fines—, utilicen medios ilícitos, ya que esto ha afectado reiteradamente los procesos electorales y la confianza ciudadana en éstos”, señala el documento obtenido por Excélsior.
Se proponen penas de hasta 400 días de multa y cuatro años de cárcel a quienes ayuden a los precandidatos independientes a obtener documentos oficiales electorales falsos o por engaño a los ciudadanos para respaldar candidaturas, penas que se duplicarán si se trata directamente del aspirante.
El pasado 13 de marzo, el Instituto Nacional Electoral informó que detectó casi un millón de “simulaciones de credenciales” para votar a los entonces tres precandidatos presidenciales independientes. Las autoridades aclaran que en el fraude no todas las credenciales eran credenciales falsificadas, sino fotocopias u otro tipo de micas no válidas.
La propuesta de la Fepade, creada en conjunto con las fiscalías estatales, expertos en la materia y sociedad civil, también busca la creación de tipos penales y agravar los existentes en casos de violencia política contra las mujeres por razones de género; actos de intimidación, amenaza, hostigamientos, etcétera, a cargo de grupos armados en contra de precandidatos o candidatos.
A quienes proporcionen información falsa para la expedición de las credenciales para votar y la sanción al funcionario electoral que permita la tramitación o expedición ilícita de la misma; falsificación de credenciales electorales y solicitar injustificadamente copia de ésta con fines proselitistas.
