El magistrado fue detenido en el aeropuerto de Bogotá por autoridades colombianas y el FBI, acusado de recibir sobornos para liberar a un operador criminal.
El equipo legal del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido recientemente en Colombia, solicitó este viernes que cualquier presunta responsabilidad de su defendido sea determinada por el Estado mexicano y ante sus propias autoridades, buscando evitar así su extradición a los Estados Unidos. El abogado defensor, Miguel González Sánchez, argumentó a través de un comunicado que los actos derivados del ejercicio de su cargo público deben ser juzgados conforme a la legislación nacional.
Benítez, de 49 años, fue interceptado el pasado domingo por la policía colombiana en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México. Las autoridades de seguridad del país sudamericano señalaron que el arresto representa un golpe a las redes de corrupción institucional vinculadas al Cártel de Sinaloa, detallando que el impartidor de justicia se encontraba en Bogotá para sostener reuniones con organizaciones criminales con el fin de coordinar envíos de cocaína hacia Norteamérica.
Investigaciones internacionales, presuntos sobornos y el proceso de extradición de un juez federal mexicano:
– Detención en Bogotá: El magistrado fue capturado en el aeropuerto internacional en una operación conjunta entre la policía de Colombia y agentes del FBI estadounidense.
– Acusación formal: Un jurado investigador federal en Estados Unidos fincó nueve cargos contra Benítez, incluyendo encubrimiento y asociación delictiva.
– Vínculo criminal: Las indagatorias señalan que el juez recibió sobornos en 2025 para ordenar la liberación del ciudadano canadiense Andrew Clark, vinculado a redes de trasiego de drogas.
– Indagatoria interna: En México, el Tribunal de Disciplina Judicial abrió una investigación de oficio y confirmó que el funcionario acumulaba expedientes abiertos por su labor jurisdiccional.
Mientras se desahogan los trámites diplomáticos para definir su situación legal en territorio colombiano, el caso mantiene la atención sobre los mecanismos de fiscalización y combate a la corrupción en el sistema judicial.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. / Interpol Colombia / Medios Nacionales | © Redacción NoticiasPV
