A un año del atentado contra el edil de Uruapan, la fiscalía estatal reveló que el crimen obedeció a represalias del crimen organizado tras la captura de un jefe de plaza.
A un año de distancia del atentado que cobró la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que el móvil del homicidio obedeció a una venganza directa perpetrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el marco del aniversario luctuoso, el vicefiscal estatal, Israel Vega, detalló que las indagatorias ministeriales han alcanzado un avance del 90 por ciento, sustentadas en más de tres mil peritajes, análisis de mil doscientas horas de video y la ejecución de más de un centenar de audiencias judiciales que descartan por completo un móvil de carácter político.
De acuerdo con las constancias de la investigación, el conflicto que derivó en el crimen se originó el 27 de agosto del año previo, tras la captura de René “N”, alias “El Rino”, quien operaba como jefe de plaza del grupo delictivo en la demarcación. La respuesta de la estructura criminal incluyó la coordinación meticulosa del ataque durante el Festival de las Velas, para lo cual se ofrecieron sumas millonarias a los ejecutores materiales, identificados en los expedientes judiciales como Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como autor intelectual, y Jorge Armando “N”, presunto coordinador logístico del atentado.
Hasta el momento, el operativo ministerial ha derivado en la captura de 34 personas presuntamente vinculadas con la red de complicidades que facilitó el crimen, destacando las detenciones de exfuncionarios municipales como Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas acusado de filtrar los movimientos del edil, y Alejandro “N”, escolta personal señalado por omisión y nexos con la organización criminal. Asimismo, las autoridades mantienen abierta la controversia jurídica en torno a la entrega de dispositivos móviles exigida a la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, quien ha solicitado la atracción federal del expediente a la FGR.
El caso continúa generando tensiones políticas y sociales en la región purépecha, mientras los familiares de la víctima y los representantes institucionales exigen el esclarecimiento total de las redes de protección que permitieron la infiltración de células delictivas en el aparato de gobierno municipal, buscando evitar la impunidad en los crímenes contra servidores públicos.
Las diligencias procesales avanzan hacia la judicialización final de los expedientes contra los implicados restantes, reiterando el compromiso de los órganos de procuración de justicia por desmantelar las estructuras financieras y operativas del narcotráfico en Michoacán.
Fuente: Fiscalía General de Michoacán / Conferencias institucionales de procuración de justicia | © Redacción NoticiasPV
