El titular de la ASF informó sobre la investigación de oficio abierta en el organismo electoral, detectando operaciones multimillonarias vinculadas a redes de proveedores.
Derivado de los recientes escándalos de presunta corrupción y conflicto de interés que rodearon la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo fiscalización exhaustiva un paquete de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) que superan los 8 mil millones de pesos. Durante la presentación de la segunda entrega de los informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló los avances de las pesquisas enfocadas en desentrañar las redes de complicidad entre exfuncionarios y proveedores.
Ante el Pleno en San Lázaro, el funcionario federal indicó que la institución a su cargo inició una investigación de oficio que abarca tanto al árbitro comicial como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), logrando documentar mediante labores de inteligencia que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8,870 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales casi 3,800 millones corresponden al ámbito electoral local. Asimismo, exhibió el modus operandi utilizado por las compañías proveedoras para burlar los mecanismos de fiscalización.
Entre las anomalías detectadas destacan la triangulación de recursos mediante empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas, proveedores suspendidos del padrón de importadores, y el uso de presuntas empresas fantasma que, a pesar de facturar cientos de millones de pesos, registran plantillas laborales nulas o menores a cinco trabajadores. Asimismo, se documentaron prácticas de competencia desleal y subcontratación cruzada, donde firmas del mismo grupo corporativo simulaban competir en licitaciones públicas para acaparar los contratos en detrimento del erario.
El titular de la ASF confirmó que las indagatorias permitieron rastrear redes de vínculos directos entre las corporaciones mercantiles y servidores públicos de alto nivel, validando los hallazgos sobre las presuntas cercanías operativas en la administración pasada. Las líneas de investigación continúan su curso para fincar responsabilidades administrativas y penales conforme a los marcos legales vigentes.
Las acciones fiscalizadoras reafirman la determinación de los órganos técnicos del Estado por erradicar prácticas de opacidad en los organismos autónomos, garantizando que el manejo de los recursos públicos destinados a la organización de los comicios se ajuste estrictamente a los principios de legalidad y rendición de cuentas.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) / Comparecencia en la Cámara de Diputados | © Redacción NoticiasPV
