Legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron iniciativas para revocar las facultades unilaterales otorgadas en 2024 a la titularidad del instituto electoral.
Ante las secuelas institucionales dejadas por la gestión de Guadalupe Taddei y los escándalos de opacidad administrativa, legisladores federales de ambas cámaras comenzaron a procesar diversas iniciativas con el propósito de retirar las facultades extraordinarias concedidas a la presidencia del organismo. Las modificaciones legales buscan enmendar los cambios estructurales avalados en octubre de 2024, los cuales permitieron a la anterior administración realizar nombramientos directos en áreas directivas sin la necesidad de someterlos a la deliberación colegiada del Consejo General.
La reforma original, aprobada en su momento por la mayoría oficialista, modificó el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para concentrar decisiones estratégicas en la figura de la presidencia, generando una ruptura con los diez consejeros electorales y propiciando un esquema de contrataciones discrecionales. Ante esta situación, las nuevas propuestas presentadas por bloques de oposición y legisladores de distintas bancadas pretenden restaurar los mecanismos de contrapeso institucional, obligando a que la designación de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas recaiga nuevamente en el pleno del Consejo.
Entre los planteamientos expuestos en el Congreso, el Partido Acción Nacional y sectores de Morena en el Senado propusieron establecer un umbral mínimo de al menos ocho votos favorables del Consejo General para validar cualquier nombramiento de mandos medios y superiores. Por su parte, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional impulsan candados normativos en los artículos 48 y 52 para fijar procedimientos estrictos de fiscalización, verificar perfiles profesionales y garantizar que la ejecución de los programas operativos responda a directrices colegiadas.
Las propuestas de corrección legislativa son impulsadas de manera destacada por senadores como Javier Corral Jurado, Susana Harp Iturribarría y Amalia Dolores García Medina, quienes han asumido una postura de corresponsabilidad frente a los señalamientos de corrupción y conflicto de interés que precipitaron la salida de la exmandataria electoral. Los legisladores reconocen la urgencia de blindar los procesos administrativos del árbitro comicial para restaurar la confianza pública rumbo a las próximas jornadas electorales federales.
Con la apertura del debate parlamentario, el Congreso busca cerrar los márgenes de discrecionalidad que facilitaron la asignación de contratos a redes de proveedores allegados a la pasada administración. La discusión de estas modificaciones marcará la agenda legislativa de las próximas semanas, perfilando un nuevo marco de gobernanza interna para el Instituto Nacional Electoral.
Fuente: Iniciativas parlamentarias del Congreso de la Unión / Debates legislativos | © Redacción NoticiasPV
