El director de Desarrollo Urbano municipal, Julio Sergio Santoyo, confirmó que el derribo del complejo en San Pancho exigirá protocolos especiales para proteger el ecosistema costero.
A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un plazo máximo de un año para cumplir con la orden federal de demolición del polémico complejo Punta Paraíso en San Pancho (San Francisco), el Ayuntamiento de Bahía de Banderas aclaró que no existe una fecha fija ni próxima para el arranque de los trabajos —los cuales se prevé realizar lo antes posible—, debido a la extrema complejidad técnica y ambiental que implica la intervención en la zona federal marítimo terrestre.
En entrevista con NoticiasPV, el director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal, Julio Sergio Santoyo Martínez, confirmó que la demolición de la estructura es un hecho inminente e inapelable que no se puede eludir, sustentada en los dictámenes de riesgo emitidos por las instancias de Protección Civil a nivel nacional, estatal y municipal ante el peligro latente de colapso.
Una demolición «quirúrgica» y con plazos extendidos
El funcionario municipal explicó que los trabajos de derribo no pueden realizarse de manera convencional, ya que la obra se ubica en plena franja costera. Según los proyectos elaborados por Obras Públicas, la ejecución material del derribo tomará un estimado de tres meses, operando bajo estrictos protocolos ambientales:
– Cuidado del entorno: «Hay que recordar que no es una demolición común y corriente, como cualquier otro predio. Este tiene sus circunstancias en cuanto al ingreso de la propiedad. Por tratarse de un ecosistema costero, se le pide que no ingrese maquinaria que vaya a dañar al propio medio ambiente; prácticamente es una demolición quirúrgica», detalló Santoyo Martínez.
Trámites de emergencia y coordinación federal
El director municipal puntualizó que la solicitud formal presentada ante la Semarnat se fundamenta en los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), los cuales regulan las figuras de obra emergente para atender situaciones de riesgo y proteger tanto a la ciudadanía como a la propiedad privada.
Sin embargo, el proceso administrativo exige agotar diversas etapas de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno —Federación, Estado y Municipio—, así como la presentación de los informes preventivos en materia ambiental y el diseño de la logística de ejecución, toda vez que se trata de una estructura construida irregularmente en zona federal.
Finalmente, el gobierno municipal reiteró que cualquier aviso oficial sobre el inicio formal de las maniobras de demolición se dará a conocer de manera transparente a través de los canales institucionales del propio Ayuntamiento, pidiendo a la ciudadanía atender únicamente a las comunicaciones oficiales.
Antecedentes de la Resolución Administrativa No. 1551/2026 de la Semarnat
La Semarnat emitió la Resolución Administrativa No. 1551/2026 ordenando al Ayuntamiento de Bahía de Banderas derrumbar las estructuras colapsadas en la zona federal de San Pancho, respecto al complejo turístico Punta Paraíso:
– El ultimátum de la Semarnat (Octubre de 2026): Mediante la Resolución Administrativa No. 1551/2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impuso un plazo improrrogable de un año para que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas ejecute la demolición total y el retiro de las obras colapsadas en la zona federal marítimo terrestre, tras los severos daños ocasionados por el embate de huracanes como Polo y Rachel.
– Sentencias firmes en tribunales: Previo al fallo de la Semarnat, instancias judiciales como el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dictaron sentencias que dejaron firmes los procesos de demolición y restauración de la zona a su estado base, frenando los recursos legales interpuestos por los particulares.
– Señalamientos por permisos irregulares: Las coberturas periodísticas de NoticiasPV han documentado fuertemente la responsabilidad en el origen del conflicto, destacando los reclamos y exigencias de renuncia contra exfuncionarios federales como Roberto Rodríguez Medrano (señalado por haber avalado originalmente los permisos de construcción del polémico complejo inmobiliario sobre la playa en 2018), así como las alertas históricas emitidas por activistas y defensores ambientales locales que advertían el peligro de edificar sobre la franja costera.
Fuente: Julio Sergio Santoyo Martínez, Dir. de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal | © Con información de Lorena Moguel – Redacción NoticiasPV
