Registros oficiales de transparencia exhiben el alcance de la red de proveeduría que logró adjudicarse contratos millonarios en institutos estatales de todo el territorio nacional.
El escándalo de corrupción que sacudió al Instituto Nacional Electoral (INE) y provocó la dimisión de Guadalupe Taddei tiene ramificaciones profundas en el ámbito regional. De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa Corporativo Zeg —propiedad de José Alfredo Hernández Casillas, señalado por la Auditoría Superior de la Federación y la UIF como cabeza de una red de proveeduría con simulación de competencia— logró colocar contratos en al menos 14 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a través de decenas de procedimientos de adjudicación.
El conglomerado empresarial, que incluye firmas como Cajas Graf y Seriplast de México, tejió una sólida red de negocios mediante licitaciones y asignaciones directas en estados clave como Veracruz, Coahuila, Aguascalientes, Sonora y la Ciudad de México. La revelación de estos contratos estatales confirma cómo operaba el esquema de proveeduría que blindaba intereses particulares al amparo de la cúpula electoral, profundizando la crisis institucional que culminó con la salida de la expresidenta del árbitro comicial federal.
Redes de opacidad, adjudicaciones millonarias y el alcance de los proveedores bajo la lupa de las autoridades financieras:
– Cobertura nacional: Corporativo Zeg participó en 36 procedimientos de contratación distribuidos en 14 institutos electorales locales del país.
– Montos estatales: Destacan operaciones millonarias en entidades como Coahuila y Veracruz, combinando concursos abiertos y adjudicaciones directas.
– Conglomerado bajo la lupa: La Unidad de Inteligencia Financiera ubica a Hernández Casillas como el operador principal de al menos siete empresas proveedoras de material electoral.
– Impacto institucional: Las revelaciones sobre los OPLE evidencian que la red de contratos y conflictos de interés operaba de manera sistemática tanto a nivel central como regional.
La expansión de estas empresas en los órganos comiciales estatales pone bajo escrutinio la autonomía y los controles de fiscalización en la compra de materiales para los procesos electorales en todo México.
Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia / UIF / Investigaciones Especiales | © Redacción NoticiasPV
