Los informes de fiscalización correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024 documentan pagos de seguridad sin comprobar, contratos de maquinaria sin evidencia y empresas vinculadas, previo a la captura del exedil por delitos de extorsión y contra la seguridad del estado.
Antes del operativo de seguridad que derivó en la detención del exalcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había documentado diversas fallas en la comprobación del gasto municipal. En las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024, el órgano fiscalizador acumuló observaciones por un total aproximado de 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar durante la primera administración del exfuncionario. Los informes detallan problemáticas específicas como pagos de personal de seguridad pública sin la documentación justificativa suficiente, cuatro contratos de arrendamiento de maquinaria cuyos trabajos no pudieron acreditarse plenamente, servicios de impresión sin evidencia total de entrega y procedimientos de adjudicación en los que dos empresas participantes compartían socios en común. Aunque tales observaciones no comprueban por sí mismas un desvío de recursos ni su vinculación con la célula criminal denominada Los Cromos, permiten identificar las operaciones financieras que el ayuntamiento dejó de justificar ante los auditores.
En lo referente a la auditoría de participaciones federales de 2023, la ASF examinó siete contratos municipales por un total global de 16 millones 194 mil 700 pesos, de los cuales cuatro correspondían al arrendamiento de maquinaria para construcción por 11 millones 388 mil 700 pesos, identificados bajo los folios MJZ/R28/043/001/2023, MJZ/R28/043/003/2023, MJZ/R28/043/004/2023 y MJZ/R28/043/005/2023. La observación central radicó en que el municipio omitió presentar evidencia documental suficiente sobre las actividades reales de la maquinaria o los sitios donde se empleó, lo que impidió comprobar la correcta aplicación de los fondos públicos. En conjunto con otras deficiencias documentales en servicios y adquisiciones, la ASF determinó un monto de 14 millones 724 mil 700 pesos pendientes por aclarar en este bloque de contratos. Asimismo, al revisar las actas constitutivas de las empresas involucradas en tres de los contratos de maquinaria que sumaron 6 millones 922 mil 700 pesos, los auditores detectaron que dos compañías estaban vinculadas por socios en común, lo que pudo representar una ventaja indebida en la competencia, motivando la promoción de acciones de responsabilidad administrativa.
Dentro del mismo ejercicio 2023 figuró el contrato MJZ/R28/043/013/2023 por 750 mil pesos para la impresión de documentos oficiales y material informativo, respecto del cual la ASF señaló la falta de evidencia de la totalidad de los servicios pagados, además de expedientes incompletos de proveedores que carecían de propuestas económicas, constancias padronales y opiniones de cumplimiento fiscal, solventándose solo de manera parcial durante la revisión. Por otra parte, al revisar la Cuenta Pública 2022, la auditoría observó 48 millones 973 mil 502.95 pesos destinados al pago de personal de seguridad pública con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, derivado de la ausencia de bases de nómina, plantillas autorizadas y comprobantes fiscales digitales que permitieran constatar los pagos conforme a los tabuladores vigentes. Posteriormente, la revisión de la Cuenta Pública 2024 arrojó otros 41.5 millones de pesos pendientes de solventar, solicitando justificar 8 millones 28 mil pesos de contratos de adquisiciones de maquinaria, servicios contables y suministro de material médico, además de reportar documentación incompleta en siete expedientes de obra pública.
Cabe señalar que Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el pasado 23 de septiembre de 2026 y vinculado a proceso el 29 de septiembre por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, imponiéndosele prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Las autoridades precisaron que esta causa penal es independiente de los procedimientos de fiscalización de la ASF, los cuales no establecen de manera directa que el exalcalde cometiera las irregularidades financieras de forma personal o que los recursos observados financiaran actividades ilícitas, quedando pendiente que las instancias administrativas determinen las responsabilidades derivadas de la falta de comprobación en los tres ejercicios fiscales auditados.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) / Registros judiciales | © Redacción NoticiasPV
