Rubén “N” fue delegado regional de Ocotlán. Fue vinculado a proceso por cohecho y recibió prisión preventiva justificada por dos meses
Un exfuncionario de alto nivel de la Fiscalía del Estado de Jalisco terminó tras las rejas, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consiguiera su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, tras ser señalado de presuntamente exigir dinero a un ciudadano para agilizar un trámite oficial.
Se trata de Rubén “N”, quien se desempeñaba como delegado regional de la Fiscalía Estatal en Ocotlán y que ahora enfrenta un proceso penal, luego de que un juez considerara suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva justificada por un periodo de dos meses.
De acuerdo con las investigaciones, el caso salió a la luz luego de que una persona acudiera ante el Ministerio Público en Ocotlán para solicitar la devolución de una camioneta que utilizaba para transportar fletes, la cual había sido robada y posteriormente recuperada por las autoridades.
Aunque el afectado ya había acreditado legalmente la propiedad del vehículo, le informaron que necesitaba la autorización del entonces delegado regional para continuar con el procedimiento, por lo que acudió directamente a su oficina.
Sin embargo, lo que debía ser un trámite oficial presuntamente se convirtió en una exigencia de dinero. Según la carpeta de investigación, Rubén “N” le manifestó al ciudadano que todavía faltaban algunos registros y que existía un problema con el papel de seguridad requerido para liberar la unidad, situación que podría retrasar su entrega.
Fue entonces cuando presuntamente le solicitó 6 mil pesos para él y otros 500 pesos destinados a una trabajadora que había canalizado al ciudadano a su oficina, a cambio de agilizar la devolución de la camioneta.
Ante la necesidad de recuperar su herramienta de trabajo, la víctima habría accedido inicialmente a la propuesta. Incluso, presuntamente presenció cuando el entonces funcionario realizó una llamada telefónica para instruir que se procediera con la liberación del vehículo.
No obstante, al salir de las instalaciones, el afectado se comunicó con personal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), donde le recomendaron no entregar el dinero solicitado.
Lejos de dar por concluido el asunto, el ciudadano regresó a la oficina del funcionario y registró una conversación en la que propuso reducir la cantidad exigida. Según las indagatorias, Rubén “N” aceptó recibir 5 mil pesos, aunque se negó a incluir en esa cantidad los 500 pesos que presuntamente había solicitado para la trabajadora.
Estos hechos fueron denunciados y dieron pie a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, cuyos agentes integraron los datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante la autoridad judicial.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los elementos de la investigación y consiguió que el juez dictara auto de vinculación a proceso contra el exdelegado regional por el delito de cohecho.
Además, debido a las circunstancias del caso, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada por dos meses, mismo plazo que estableció para el cierre de la investigación complementaria.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el comportamiento de servidores públicos encargados de procurar justicia, pues, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, los trámites de devolución de vehículos y demás servicios ministeriales deben realizarse de manera gratuita, sin que los ciudadanos tengan que entregar pagos indebidos para obtener una respuesta de las autoridades.
La dependencia estatal reiteró que ningún cargo ni jerarquía exime a los servidores públicos de rendir cuentas cuando existen señalamientos de posibles actos de corrupción.
Por ahora, Rubén “N” permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal, en el que se determinará su responsabilidad conforme a derecho. Al tratarse de una imputación, el exfuncionario conserva su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
