Relatores en derechos humanos alertaron sobre niveles alarmantes de violencia, agresiones y desapariciones contra defensoras en estados como Sinaloa; recordaron que la búsqueda de víctimas es responsabilidad constitucional del Estado.
Un grupo de relatores y especialistas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente al Gobierno de México para implementar medidas efectivas de protección en favor de las mujeres dedicadas a la localización de personas desaparecidas, advirtiendo sobre niveles alarmantes de violencia e impunidad en su contra.
Los especialistas señalaron que las agresiones hacia las defensoras han escalado a episodios graves como amenazas, violencia física, desapariciones forzadas y homicidios, citando casos recientes registrados en el estado de Sinaloa. Entre ellos documentaron la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, el ataque contra la activista Alma Rosa Rojo Medina —fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida— y el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante de Corazones Unidos por una Misma Causa.
Posicionamiento internacional, perspectiva de género e impunidad:
– Obligación del Estado: Los expertos enfatizaron que la investigación y localización de víctimas de desaparición es un deber de las autoridades estatales que no debe recaer en las familias, aunque se debe garantizar su derecho a participar en los procesos.
– Contexto de impunidad y género: La manifestación conjunta denunció que los ataques perpetrados contra las activistas ocurren bajo un patrón de impunidad casi absoluto, presentando además factores de riesgo específicos vinculados a la violencia de género.
– Reconocimiento internacional: Representantes del organismo celebraron la aprobación en la Asamblea General de la ONU del 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, instando a las autoridades mexicanas a respaldar públicamente la labor de estas redes.
La declaración fue emitida por la relatora sobre defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grazyna Baranowska, y la titular del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, Claudia Flores.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) | © Redacción NoticiasPV
