A través de un oficio formal remitido al Director Regional de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el colectivo ‘Una Luz Para Nuestros Desaparecidos’ denunció que un solo agente ministerial opera la totalidad de las investigaciones en el municipio, generando graves rezagos en los expedientes.
Integrantes del colectivo ‘Una Luz Para Nuestros Desaparecidos’ de Puerto Vallarta formalizaron la entrega de un oficio dirigido al Director Regional de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, con el fin de exigir la asignación urgente de personal operativo y ministerial para atender la crisis de búsquedas en el municipio.
En la misiva institucional, fechada este 24 de septiembre de 2026, la agrupación de familias evidenció que la agencia local opera únicamente con un agente del Ministerio Público para desahogar la totalidad de los expedientes, denuncias de reciente integración, diligencias de campo y requerimientos procesales de los colectivos.
Las integrantes de la organización enfatizaron que el déficit institucional no es un tema superflua ni reciente, dado que durante más de un año han presentado solicitudes consecutivas para la radicación de por lo menos un segundo fiscal que permita acelerar los trámites administrativos y dar continuidad a las pesquisas retenidas.
La falta de personal especializado se traduce en dilaciones prolongadas que vulneran el acceso a la justicia y retrasan los avances en la localización de las víctimas de desaparición forzada en la Costa Norte.
Frente a la parálisis administrativa, el colectivo estructuró un pliego petitorio integrado por cuatro exigencias fundamentales:
1. Asignación e incorporación inmediata de más personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en la sede de Puerto Vallarta.
2. Rendición de un informe por escrito donde la dependencia detalle el plan de acción operativo para subsanar la falta de recursos humanos.
3. Establecimiento de una fecha límite para el arribo de los nuevos agentes ministeriales a la oficina local.
4. Garantía de atención institucional digna, oportuna y profesional en el seguimiento técnico de cada expediente de investigación.
Las familias buscadoras remarcaron que el requerimiento no constituye una concesión especial, sino el cumplimiento estricto del derecho humano de acceso a la justicia y a la verdad, sosteniendo que mantendrán las acciones de protesta y gestión hasta que la Fiscalía General del Estado resuelva de fondo la carencia de personal en la región.
Fuente: Agencia Jafríco | © Redacción NoticiasPV
