La inclusión del exgobernador en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF abría un escenario de parálisis en las cuentas públicas de Sinaloa.
La solicitud de licencia presentaba un trasfondo de alta complejidad para el sistema financiero nacional. Tras ser incorporado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a raíz de los señalamientos de autoridades estadounidenses, la permanencia del mandatario amenazaba con paralizar la operativa bancaria institucional del estado.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, las entidades bancarias están estrictamente obligadas a suspender de forma inmediata cualquier acto, contrato o servicio con las personas sujetas a bloqueo. Aunque los fondos públicos pertenecen a las arcas gubernamentales y no a la persona física, la intervención directa del titular mediante firma, autorización o instrucción operativa habría forzado a la banca a evaluar o rechazar las transacciones para evitar sanciones internacionales.
En el ámbito político local, la Cámara de Diputados de Sinaloa resolvió suspender la sesión extraordinaria orientada a nombrar a un gobernador interino, luego de que Rocha Moya formalizara su separación del cargo. La decisión provocó reclamos de la oposición por la falta de dictamen y derivó en manifestaciones ciudadanas a las afueras de la sede gubernamental.
Fuente: Congreso del Estado de Sinaloa | © Redacción NoticiasPV
