Un análisis de la prensa internacional señala que la revocación de permisos migratorios a servidores públicos y políticos mexicanos permite a Washington enviar señales políticas sin revelar informes de inteligencia.
La utilización de la revocación y cancelación de visas como un instrumento de presión política y diplomática por parte del gobierno de los Estados Unidos se ha intensificado en contra de integrantes de la clase política mexicana, en el marco de una estrategia enfocada en el combate al crimen organizado, la corrupción y los presuntos nexos entre servidores públicos y grupos delictivos, según expuso un reporte publicado por el diario estadounidense The New York Times.
La investigación periodística enfatiza que el retiro del documento de ingreso a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, representa uno de los episodios de mayor impacto simbólico dentro de una serie de medidas administrativas que han alcanzado a gobernadores, legisladores, alcaldes y dirigentes partidistas en funciones. Tras la notificación, López Beltrán hizo pública una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, donde cuestionó la determinación impulsada por el Departamento de Estado y rechazó señalamientos sobre conductas ilícitas.
El análisis refiere que el marco legal estadounidense mantiene los expedientes de visado bajo estricta reserva por razones de privacidad, lo cual permite a las autoridades norteamericanas aplicar restricciones de viaje y transmitir posicionamientos políticos contundentes sin la obligación de formalizar acusaciones penales ante juzgados o publicar la evidencia de inteligencia retenida. Sin embargo, analistas internacionales puntualizan que la cancelación de un visado no constituye una prueba jurídica ni una imputación judicial formal en contra de los señalados.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la medida aplicada a integrantes del ámbito político nacional como una decisión de carácter unilateral y de trasfondo político. La titular del Ejecutivo federal subrayó que la administración nacional no iniciará carpetas de investigación derivadas únicamente de determinaciones migratorias extranjeras, aunque aclaró que las instituciones del país actuarán con rigor en caso de presentarse elementos de prueba vinculantes en instancias jurisdiccionales.
Fuente: The New York Times y Reportes Periodísticos | © Redacción NoticiasPV
