El abogado Frank Pérez sostuvo que el imputado temió por su vida durante el vuelo; asimismo explicó la imposibilidad práctica de saldar la cifra impuesta por el juez Brian Cogan.
Tras la sentencia de cadena perpetua emitida contra Ismael «El Mayo» Zambada en un tribunal federal de Nueva York, su abogado defensor, Frank Pérez, dio a conocer aspectos sobre la detención y la posterior resolución judicial dictada por el juez Brian Cogan, la cual incluyó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares.
De acuerdo con las declaraciones del litigante, durante el traslado aéreo hacia territorio estadounidense, Zambada presentó un estado de aletargamiento —atribuido a la presunta ingesta previa de una sustancia sedante— y llegó a temer que sus captores lo arrojaran de la aeronave antes de aterrizar.
Respecto a la sanción económica impuesta, Pérez puntualizó que la cifra fijada por el tribunal no responde a dinero en efectivo localizado o bienes asegurados directamente a nombre de su representado, sino a una estimación contable fundamentada en el volumen de sustancias ilícitas traficadas y los flujos financieros registrados durante décadas de investigaciones. La defensa consideró inejecutable la cobranza mediante los canales estipulados por el US Marshals Service, al remarcar que en la estructura del crimen organizado de alto nivel no suelen registrarse activos a título personal.
La cifra impuesta superó por 2,400 millones de dólares la orden de pago emitida en 2019 contra Joaquín «El Chapo» Guzmán. El escrito del fiscal Joseph Nocella Jr. sustentó esta diferencia en el periodo adicional en el que Zambada asumió el mando único de la organización tras la captura de su exsocio en 2016, etapa en la que se le atribuye la distribución de al menos 1,500,000 kilogramos de cocaína, así como heroína y fentanilo.
El litigante justificó la decisión de declararse culpable en ambas acusaciones —por dirigir una empresa criminal continua en Nueva York y por delincuencia organizada en Texas— al considerar inviable ir a un juicio oral, dado que la fiscalía disponía del mismo catálogo de pruebas y testigos presentados en el proceso de 2019. Esta postura evitó un litigio de alto costo para el sistema judicial, la exposición de testigos y la aplicación de estrictas medidas de seguridad vial en Nueva York.
Finalmente, la representación legal enfocó sus gestiones en evitar que el sentenciado fuera trasladado al penal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. Durante la audiencia, el juez Brian Cogan hizo referencia al estado de salud y al deterioro cognitivo de Zambada para recomendar a la Oficina Federal de Prisiones una instalación que cuente con atención médica especializada, manteniéndose hasta el momento en reserva la sede final donde cumplirá su condena.
Fuente: Defensa legal – Tribunal Federal del Distrito Este de NY | © Redacción NoticiasPV
