El exgobernador solicitó licencia el pasado 1 de mayo para encarar indagatorias por presuntos vínculos delictivos; su círculo cercano mantiene un bajo perfil.
Este miércoles se cumplieron dos meses desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia constitucional para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa, una determinación formalizada el pasado 1 de mayo con el objetivo de encarar las indagatorias judiciales correspondientes. Desde la fecha de su separación del poder ejecutivo local, el político de extracción morenista no ha realizado apariciones presenciales, limitando sus interacciones a comunicados emitidos en plataformas digitales donde refirió haber comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las versiones institucionales emitidas por la gobernadora interina de la entidad, Yeraldine Bonilla, sostienen que Rocha Moya permanece dentro del territorio sinaloense. No obstante, integrantes del bloque opositor en el Congreso del Estado señalaron que ni el exmandatario ni su hija, Eneyda Rocha, actual presidenta del Sistema DIF estatal, han encabezado actos oficiales o asambleas comunitarias, sumándose a un repliegue generalizado del círculo cercano de la administración saliente.
El origen de la separación del cargo se remonta al expediente abierto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, instancia estadounidense que emitió acusaciones formales por presuntos delitos federales de narcotráfico y conspiración de armas en contra de Rocha Moya y otros funcionarios estatales. De forma paralela a las órdenes de aprehensión extranjeras, el Gobierno Federal ejecutó el bloqueo preventivo de los activos financieros y cuentas bancarias de los involucrados, mientras la entidad enfrenta un panorama de alta volatilidad operativa bajo el mandato interino.
Fuente: FGR, Congreso de Sinaloa y Fiscalía del Distrito Sur de NY | © Redacción NoticiasPV
