A seis meses del homicidio del alcalde de Uruapan, la presidenta municipal sustituta Grecia Quiroz encara denuncias del Congreso de Michoacán y una reforma electoral diseñada para limitar a su organización.
El escenario político de Michoacán registra una profunda fractura entre el oficialismo estatal y la organización independiente conocida como el «Movimiento del Sombrero». A seis meses del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, su viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, enfrenta una ofensiva legal y legislativa encabezada por el Congreso del Estado, controlado por Morena y sus aliados. El Poder Legislativo local, presidido por Baltazar Gaona García, anunció la presentación de una denuncia penal contra la munícipe y siete colaboradores por daños causados al inmueble legislativo durante una violenta protesta ocurrida el pasado 27 de mayo.
La ruptura definitiva se consolidó tras la aprobación de una reforma al Código Electoral del Estado que incluye restricciones severas dirigidas de forma directa a debilitar el crecimiento de esta agrupación. Las modificaciones prohíben estrictamente las campañas conjuntas o alianzas de facto entre candidaturas independientes, así como el uso compartido de símbolos, colores y logotipos que busquen proyectar la imagen de un bloque común frente al electorado. La alcaldesa Quiroz García denunció que estas normativas buscan anular la participación del movimiento de cara a los próximos procesos, acusando a los legisladores de dar la espalda a la ciudadanía al omitir mejoras presupuestales para las opciones independientes.
De forma paralela, las indagatorias conducidas por la Fiscalía General del Estado respecto al homicidio del edil Carlos Manzo han incrementado el distanciamiento. El fiscal Carlos Torres Piña informó sobre la captura de un empleado de la Fiscalía Regional de Uruapan, identificado como Héctor Hugo N., alias «Manuel», y la vinculación de un agente de la Guardia Civil de nombre Juan Luis N., alias «Comandante Gary», señalados como presuntos informantes de la red delictiva que planeó el atentado. Adicionalmente, el oficialismo estatal ha intensificado los cuestionamientos contra la alcaldesa por la supuesta falta de entrega del dispositivo telefónico de su difunto esposo a los peritos ministeriales.
Fuente: Fiscalía de Michoacán y Congreso de Michoacán | © Redacción NoticiasPV
