A un mes de revelarse el expediente por la presunta protección a la facción de «Los Chapitos», el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y cuatro colaboradores comparecieron ante la FGR, mientras que un exmando policial ya se entregó a la justicia norteamericana.
Los reajustes políticos y los frentes jurídicos derivados de las investigaciones internacionales contra el narcotráfico han atomizado los destinos del grupo de servidores públicos señalados en el estado de Sinaloa. Transcurrido un mes desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera pública una acusación formal radicada en Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, los implicados registran estatus legales marcadamente diferenciados entre licencias temporales, comparecencias ministeriales voluntarias en México y arrestos en el extranjero.
Dentro de los movimientos procesales en territorio nacional, el gobernador Rubén Rocha Moya —quien se separó del cargo mediante una licencia temporal para encarar las indagatorias— acudió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Culiacán. En la misma delegación federal rindieron su declaración inicial de inocencia el vicefiscal general con licencia, Dámaso Castro Zaavedra; el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés; y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil. Por su parte, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez también abandonó sus funciones legislativas para deslindarse de los señalamientos que lo ubican como supuesto enlace operativo de la organización criminal.
En el plano de las detenciones, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, se convirtió en el primer imputado bajo resguardo estadounidense tras cruzarse de forma voluntaria por la garita de Nogales, Sonora, siendo ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Respecto al resto de los requeridos, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, fue rastreado por agencias de seguridad en el continente europeo sin registro de arresto formal, mientras que los exmandos policiales Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán —este último imputado por el homicidio de un informante de la DEA— permanecen sin paradero conocido.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. y FGR en Culiacán | © Redacción NoticiasPV
