Mientras el aparato de justicia federal agiliza citatorios contra excolaboradores de la administración chihuahuense por el expediente de agentes extranjeros, colectivos civiles acusan omisión en el esclarecimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén.
Los criterios de selectividad y los tiempos procesales aplicados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el desahogo de carpetas de investigación de alto impacto reactivaron el debate sobre la imparcialidad institucional. Sectores jurídicos y de opinión pública contrastaron la celeridad con la que el Ministerio Público Federal emitió citatorios formales en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, frente al estancamiento que registra la indagatoria penal por el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, a casi dos años de los hechos.
El requerimiento de las autoridades federales hacia la estructura de Chihuahua se desprende del polémico despliegue táctico ejecutado a mediados de abril en el municipio de Morelos, donde se constató la intervención de agentes adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en el desmantelamiento de un complejo de narcóticos. El expediente penal, desahogado bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, derivó en la renuncia de Jáuregui Moreno tras confirmarse el fallecimiento de dos elementos extranjeros en un percance vial y la presunta invasión de facultades que corresponden exclusivamente a la federación.
En contraparte, las plataformas de discusión pública recriminaron el trato diferenciado otorgado a la exfiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien abandonó su cargo tras acreditarse que la dependencia a su cargo orquestó un montaje mediante registros de video falsificados en una estación de combustible para desviar las líneas de investigación sobre la muerte de Cuén Ojeda. Las inspecciones científicas posteriores de la FGR corroboraron que el académico fue privado de la vida en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán, el mismo sitio donde se consumó la privación ilegal de la libertad del líder criminal Ismael «El Mayo» Zambada García.
Los reportes actualizados por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos refieren que, pese a las múltiples inconsistencias periciales y la destrucción de evidencias en la necropsia original del caso Sinaloa, las comparecencias penales contra los funcionarios estatales implicados no han sido complementadas. Este panorama de rezago procesal coincide con las indagatorias internacionales impulsadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ligan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con supuestas redes de protección a organizaciones delictivas del Pacífico.
Fuente: FGR | © Redacción NoticiasPV
