Habitantes de la Montaña Baja acusaron que las agresiones armadas y el uso de explosivos provocaron el desplazamiento de más de dos mil personas en Chilapa; arremetieron contra los tres niveles de gobierno por simulación y negligencia.
La crisis humanitaria y de seguridad que lacera a las regiones originarias del sur del país detonó reclamos directos hacia las esferas gubernamentales. Representantes y autoridades de las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron formalmente que se encuentran bajo una «guerra de exterminio» perpetrada por el grupo delictivo Los Ardillos, cuyos recientes ataques con proyectiles y artefactos explosivos consumaron el desplazamiento forzado de más de dos mil pobladores en el municipio de Chilapa.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la Misión Civil de Observación, las víctimas manifestaron su rechazo a las narrativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, la cual argumenta que los eventos violentos derivan únicamente de disputas territoriales entre Los Ardillos y Los Tlacos. Los voceros comunitarios sentenciaron que catalogar la situación como un simple choque entre bandas criminales busca justificar la omisión institucional y criminalizar a los pueblos originarios que defienden sus tierras.
Las denuncias ciudadanas alcanzaron a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carvalho Chino, a quienes señalaron de mantener presuntos acuerdos de impunidad con la delincuencia y desviar recursos públicos que originalmente debían destinarse al desarrollo social de las etnias. Detallaron que entre el 6 y el 12 de mayo, las localidades de Tula, Alcozacán y Acatlán sufrieron embates directos que dejaron un saldo de homicidios, desapariciones y el éxodo masivo de familias completas.
Los manifestantes rechazaron los esquemas de militarización mediante la instalación de cuarteles tradicionales, argumentando que la presencia de las fuerzas armadas no inhibe los delitos. En su lugar, exigieron la activación de cinco bases de operaciones interinstitucionales en puntos carreteros estratégicos, el esclarecimiento de 81 asesinatos históricos, la localización de 25 personas desaparecidas y la desarticulación definitiva de la estructura criminal para frenar el despojo agrario en la entidad.
Fuente: Misión Civil de Observación-Sexta en la Montaña Baja de Guerrero | © Redacción NoticiasPV
