La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo validó las alertas internacionales de captura emitidas contra el gobernador con licencia de Sinaloa y nueve exfuncionarios; las medidas derivan de órdenes de aprehensión dictadas en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Las ramificaciones de los expedientes judiciales abiertos en cortes norteamericanas alcanzaron formalmente la estructura de la diplomacia policial y de seguridad global. Durante el desarrollo de su conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional este jueves 21 de mayo de 2026, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, corroboró la vigencia de las alertas migratorias e internacionales conocidas como «fichas rojas» de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dirigidas contra el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve servidores públicos de esa entidad.
La titular del Ejecutivo Federal pormenorizó que estos mandamientos de localización e inmovilización de carácter global no corresponden originalmente a carpetas del fuero común local, sino que constituyen una respuesta directa a una batería de órdenes de arresto federales emitidas a finales del pasado mes de abril por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los tribunales del país vecino del norte reclaman de forma formal a los diez políticos sinaloenses bajo cargos criminales por presuntos nexos operativos y de complicidad institucional con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La mandataria detalló los alcances y la naturaleza jurídica de estos instrumentos internacionales de captura, aclarando que el mecanismo se activa en automático una vez que una nación soberana ingresa los mandatos judiciales correspondientes ante la red de la Interpol. Sheinbaum Pardo especificó que la implicación directa de este estatus policiaco radica en el blindaje de las zonas limítrofes, estableciendo que en el supuesto de que el mandatario con licencia o sus antiguos colaboradores intenten cruzar las aduanas mexicanas, los gobiernos de cualquier nación receptora están facultados para proceder con su inmediata detención con fines de extradición.
Hasta el momento, las estructuras ministeriales del país se mantienen a la expectativa del cauce legal que sigan los procesos penales integrados en el extranjero, mientras el estado de Sinaloa permanece bajo observación política debido al impacto institucional que representa el requerimiento de su ex gobernante y de su círculo de colaboradores primario ante cortes internacionales por delincuencia organizada.
Fuente: Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV
