La Unidad de Inteligencia Financiera congeló los activos de una red político-empresarial vinculada al Cártel del Pacífico; la medida mercantil complementa las capturas de ediles y mandos policiacos por extorsión agravada.
Los esquemas de fiscalización federal procedieron con el estrangulamiento financiero de las redes de protección institucional que daban soporte a la delincuencia organizada en la zona centro del país. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporará formalmente a su lista de personas bloqueadas a un total de 32 objetivos civiles y comerciales que operaban en el estado de Morelos.
La intervención financiera dirigida desde la Ciudad de México abarca específicamente a 22 personas físicas y 10 personas morales o corporaciones mercantiles. De acuerdo con el informe desglosado por el gabinete de seguridad, el padrón de sancionados concentra a presidentes municipales en funciones, mandos medios del Ayuntamiento de Cuautla, así como a diversos actores económicos y políticos de la zona oriente que presuntamente fungían como prestanombres de un operador regional del Cártel de Sinaloa.
Este bloqueo de recursos bancarios se detonó tras la ejecución de las órdenes de aprehensión derivadas de la denominada Operación Enjambre, despliegue que logró la captura del edil de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez. En tanto, las brigadas de la Guardia Nacional sostienen patrullajes e inspecciones domiciliarias para dar con la ubicación y arresto de Jesús “N”, actual presidente municipal de Cuautla, quien es considerado pieza clave en la red de complicidades institucionales.
Las indagatorias del Ministerio Público Federal detallan que la red criminal ejercía un control severo sobre la economía local mediante extorsiones sistemáticas, cobro de cuotas patronales y amenazas directas en perjuicio de transportistas, comerciantes formalizados y núcleos familiares.
Ante la crisis de gobernabilidad, la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, notificó de forma escrita que el Poder Ejecutivo coadyuvará con los cabildos locales para que las sindicaturas municipales asuman la representación legal interina, garantizando la continuidad de los servicios públicos de conformidad con la Ley Orgánica Municipal.
Fuente: Conferencia de prensa de la SSPC | © Redacción NoticiasPV
