El subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, desglosó las cifras que demuestran que Washington no ha entregado a ningún prófugo en ocho años; el Gobierno Federal justifica la petición de más pruebas en el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Las controversias bilaterales en materia de procuración de justicia internacional alcanzaron un punto de debate estrictamente estadístico y normativo. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, compareció en la conferencia de prensa matutina para desglosar el balance oficial del proceso de extradiciones entre México y los Estados Unidos, revelando que desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha, el Estado mexicano ha formulado un total de 269 requerimientos formales de entrega judicial a la Casa Blanca, de los cuales ninguno ha sido concedido por las autoridades norteamericanas.
De acuerdo con las precisiones técnicas expuestas por el funcionario federal, el universo de solicitudes pendientes o denegadas evidencia un criterio restrictivo por parte de Washington: 36 peticiones fueron rechazadas de manera definitiva, mientras que 233 permanecen en el limbo procesal. El dato neurálgico del informe radica en que, dentro de los 50 expedientes activos correspondientes a solicitudes de detención provisional con fines de extradición, el Gobierno estadounidense exigió a la cancillería mexicana la presentación de información y pruebas adicionales en 47 casos antes de autorizar las capturas.
Velasco puntualizó que los requerimientos de aclaración o soporte técnico-penal complementario están plenamente facultados en los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición bilateral, así como en el artículo 17 de la ley reglamentaria mexicana, por lo que catalogó la postura nacional como un ejercicio ordinario de soberanía y reciprocidad jurídica. Esta ofensiva estadística surge como respuesta directa a los reclamos internacionales por la negativa del aparato federal a cumplimentar de forma inmediata la orden de captura provisional emitida por agencias norteamericanas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un expediente en el que México aplicó exactamente el mismo estándar de revisión técnica que los tribunales de Estados Unidos ejecutan de forma sistemática en contra de los delincuentes y exfuncionarios reclamados por la justicia mexicana.
Fuente: Relaciones Exteriores (SRE) | © Redacción NoticiasPV
