Tras las acusaciones que vinculan al gobernador con licencia de Sinaloa con el narcotráfico, el Tratado de Extradición marca plazos estrictos para que el gobierno estadounidense presente pruebas ante México.
La situación jurídica de Rubén Rocha Moya ha entrado en una fase crítica tras revelarse documentos judiciales en Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. El funcionario, quien solicitó separarse de su cargo el pasado 1 de mayo, se encuentra ahora bajo el escrutinio de los mecanismos diplomáticos y legales que rigen el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el Artículo 11 del citado tratado, en caso de una detención provisional con fines de extradición, el gobierno de Estados Unidos dispone de un plazo fatal de 60 días naturales para entregar la solicitud formal acompañada de la documentación requerida. Si el Poder Ejecutivo mexicano no recibe dicho expediente en el tiempo marcado, la detención provisional quedaría sin efecto, aunque esto no impediría que el proceso continúe si las pruebas se entregan posteriormente.
Para que la extradición proceda, el Artículo 10 especifica que el Departamento de Estado debe presentar copias certificadas de las órdenes de aprehensión y, sobre todo, las pruebas que justifiquen el enjuiciamiento de Rocha Moya por delitos como importación de drogas y posesión de armamento. Estos documentos deben contar con sellos oficiales y la legalización correspondiente bajo la ley mexicana, dejando en manos de las autoridades nacionales la evaluación final sobre la relevancia de los señalamientos presentados por la justicia norteamericana.
Fuente: Tratado de Extradición entre México y EE. UU. | © Redacción NoticiasPV
