El Departamento de Justicia de ese país emitió notificaciones de decomiso que buscan confiscar todas las ganancias y propiedades de los acusados por presunta protección a «Los Chapitos».
La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha puesto en marcha una agresiva estrategia financiera que acompaña a los cargos penales en contra de altos funcionarios y exservidores públicos del estado de Sinaloa. El gobierno estadounidense emitió formalmente una serie de notificaciones de decomiso dirigidas al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve colaboradores vinculados en un expediente por presunto tráfico de fentanilo y delincuencia organizada.
El propósito de la fiscalía neoyorquina no es solo conseguir penas de prisión, sino el desmantelamiento total de las finanzas de los implicados. La medida establece que los señalados deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de ganancias obtenidas, directa o indirectamente, de la protección otorgada a la facción del Cártel de Sinaloa. Entre los afectados por esta disposición se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra.
Para evitar que los recursos sean ocultados, la justicia de Estados Unidos incluyó una cláusula de «bienes sustitutos». Esta figura legal permite que, en caso de que los activos ilícitos hayan sido transferidos a terceros, gastados o vendidos, las autoridades puedan confiscar cualquier otra propiedad de carácter legal perteneciente a los acusados hasta cubrir el monto total de las ganancias delictivas. Esto alcanza cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de los exfuncionarios sinaloenses.
Fuente: Tribunal de Distrito Sur de Nueva York | © Redacción NoticiasPV
