La Fiscalía Federal explicó que no existe un juicio de extradición en curso contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, sino una medida preventiva de captura que carece de sustento legal.
La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la solicitud enviada por el gobierno de Estados Unidos respecto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, no corresponde a un proceso de extradición formal, sino a una petición de detención provisional por presuntos vínculos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. La aclaración fue realizada por Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), quien estuvo acompañado por el fiscal Ulises Lara.
De acuerdo con las autoridades federales, la detención provisional es una medida cautelar y preventiva de carácter excepcional que restringe los derechos humanos, por lo que su procedencia requiere que se acredite el riesgo de fuga y la urgencia del caso, elementos que el expediente estadounidense no contiene. El doctor Jiménez Vázquez detalló que en el documento enviado por la justicia norteamericana no hay fundamentos ni evidencias que justifiquen la captura inmediata de los señalados.
Asimismo, la FGR puntualizó que en los casos específicos del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza Cázarez, no es jurídicamente viable proceder con una orden de captura debido al fuero constitucional que los protege, por lo que cualquier acción legal requeriría primero un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. Ante estas circunstancias, la dependencia solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) requerir por la vía diplomática la información y evidencias necesarias para analizar si la petición se ajusta al marco legal mexicano.
Fuente: FGR | © Redacción NoticiasPV
