Mientras el Gobierno de México emite un protocolo de «atención institucional» para garantizar el acceso a las playas, los habitantes de Punta de Mita denuncian la violencia ejercida por la policía estatal de Nayarit.
La noche de este martes 28 de abril, el Gobierno de México emitió una postura oficial respecto al conflicto en la playa “Las Cocinas”, en Punta de Mita, Nayarit, asegurando que el libre acceso a las zonas costeras es un derecho inalienable que debe garantizarse conforme a la ley. A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Gobernación y la Semarnat, la Federación anunció la instalación de mesas de diálogo para revisar los avances técnicos y ambientales del proyecto turístico que ha detonado las protestas.
Sin embargo, esta postura de «soluciones pacíficas» choca de frente con la realidad que enfrentaron los pobladores de Punta de Mita apenas unas horas antes. Mientras el comunicado federal habla de interlocución, el Gobierno de Nayarit, bajo las órdenes de Miguel Ángel Navarro Quintero, optó por la fuerza pública para someter a los manifestantes. El saldo de esta jornada incluyó a tres personas detenidas, quienes fueron golpeadas por elementos de la Policía Estatal antes de obtener su libertad tras la presión social y gestiones municipales.
El contraste es evidente: por un lado, el Ejecutivo Federal promete supervisión técnica y respeto al entorno mediante la Profepa; por el otro, el mandatario estatal había criminalizado previamente el movimiento, vinculándolo sin pruebas con la delincuencia organizada para justificar el avance de la obra. Pese a las heridas físicas y la persecución, el Gobierno de México sostiene que la inversión turística en la zona solo podrá desarrollarse bajo criterios de legalidad y diálogo social, un compromiso que los habitantes de Punta de Mita esperan se cumpla más allá del papel.
Fuente: Gobierno de México | © Redacción NoticiasPV
