Durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles demandaron transparencia y la reparación integral del daño para las víctimas indirectas de la reciente ola de violencia.
En el marco de la conmemoración del 8 de marzo en Puerto Vallarta, la agenda de justicia de los colectivos feministas sumó un reclamo urgente: el esclarecimiento de los hechos de violencia que sacudieron la zona metropolitana el pasado domingo 22 de febrero. Las organizaciones civiles exigieron a los gobiernos federal y estatal una investigación profunda sobre la actuación y capacidad de respuesta de los mandos de seguridad en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Transparencia en la gestión de la crisis
A través de un pronunciamiento público, las manifestantes solicitaron que los ayuntamientos de ambos municipios hagan públicos los informes, oficios y solicitudes de apoyo enviados a la Presidencia de la República y dependencias federales durante la emergencia. El objetivo es determinar si existieron omisiones en la prevención y atención de los delitos que afectaron a la ciudadanía hace dos semanas, apelando a la obligación constitucional de los alcaldes de garantizar la seguridad bajo el Artículo 115.
Reparación para las víctimas indirectas
La exigencia puso especial énfasis en la reparación integral del daño para aquellas mujeres que, tras los disturbios, han quedado en situaciones de vulnerabilidad crítica. El pliego petitorio destacó la necesidad de atender a madres autónomas, cuidadoras, viudas, adultas mayores y personas con discapacidad que resultaron víctimas indirectas de los acontecimientos, señalando que el Estado no puede permitir que estas familias queden en la desprotección total.
Políticas de prevención y control urbano
Además de la rendición de cuentas, las colectivas demandaron la creación de un diagnóstico público de seguridad acompañado de políticas preventivas reales. Entre los puntos señalados como detonantes de inseguridad, mencionaron la falta de rigor en la aplicación de reglamentos locales, específicamente en el consumo de alcohol en la vía pública y la nula regulación de vehículos y motocicletas con placas foráneas que circulan sin control en la región.
“No aceptamos la impunidad; tenemos memoria y no olvidamos”, sentenciaron las voceras al cierre del mitin en el Malecón, reafirmando que la exigencia de justicia por lo ocurrido en febrero de este 2026 será un eje permanente en su lucha por un entorno libre de violencia.
Fuente: Agencia Jafrico | © Redacción NoticiasPV
